“La población vacunada es apenas el 20% en los países de bajos ingresos… Un claro ejemplo de las graves carencias de instituciones internacionales y políticas de cooperación que han venido quedando políticamente obsoletas desde finales del pasado siglo, y que explican los efectos negativos de una globalización sin gobierno” explican los autores, que coincidiendo con el XII Congreso de CCOO han dado un repaso a las políticas desarrolladas contra la pandemia -en España y en el mundo- y a las conclusiones que de ellas se pueden obtener, y que informan la hoja de ruta que se ha trazado la organización sindical.
Texto: Jorge Aragón Y Fernando Lezcano (*)
(*) El texto íntegro y otros 22 artículos, con las conclusiones de otros autores, se pueden leer en la Gaceta Sindical, reflexión y debate, del 16 de noviembre
La aparición de la pandemia COVID-19 ha supuesto un cambio radical en el transcurso de nuestra historia, con efectos disruptivos tanto a nivel mundial como nacional y local. Con ella se han puesto de manifiesto las graves implicaciones de un modelo de crecimiento que se creía sin límites medioambientales y no repara en las desigualdades sociales que genera. También ha puesto de manifiesto la importancia de la adopción de políticas comunes de actuación, en nuestro ámbito más próximo en la Unión Europea, dando un nuevo sentido a su proyecto de integración, y a la relevancia de la adopción en España de políticas con un fuerte componente social desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, con diferentes niveles de consenso pero con una fuerte apoyatura en el diálogo social y que supondrán un referente esencial nuestro futuro.
Transcurrido más un año y medio de la declaración del estado de alarma y del desarrollo de las políticas que se pusieron en marcha, es el momento para reflexionar sobre ellas, porque como señalaba Emilio Lledó: “Si el conocimiento lo trae la experiencia, lo que yo estoy haciendo estos días como filósofo es darle vueltas a qué tipo de conocimiento puede brotar de esta experiencia (…) que después de esta crisis del virus intentemos reflexionar con una nueva luz, como si estuviéramos saliendo de la caverna de la que hablaba el mito de Platón, en la que los hombres permanecen prisioneros de la oscuridad y las sombras. Quisiera que sea así, pero me preocupa que esto sirva en cambio para ocultar otras pandemias gravísimas, plagas como el deterioro de la educación, de la cultura y del conocimiento”1.
Se suele decir que la pandemia ofrece importantes lecciones, pero nada garantiza que las estemos aprendiendo social y políticamente. Se están produciendo múltiples análisis de esta crisis pero se centran generalmente en los efectos de la pandemia y no en sus causas, cuya comprensión es esencial para desarrollar políticas que no se limiten a una reacción coyuntural, defensiva o únicamente paliativa sino que se proyecten en un escenario de largo plazo.
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Aprender socialmente las lecciones de la pandemia
El valor de los bienes públicos y el papel del Estado. Una primera lección que deberíamos aprender es el valor de los bienes comunes (la salud, educación, los cuidados de las personas dependientes o vulnerables, entre otras) como bienes colectivos considerados socialmente esenciales que, en definitiva, se expresan como derechos ciudadanos fundamentales. Y con ello, la importancia de su gestión pública principalmente –aunque no exclusivamente– por el Estado en la garantía de su provisión universal y de su calidad, fuera de las reglas de los mercados y de los límites de la propiedad privada. Valores que deberían ser indisociables del valor del trabajo de las personas que las llevan a cabo y de la calidad de su empleo, que es la garantía de la calidad del servicio público.
“Deberíamos aprender el valor de los bienes comunes (la salud, la educación, los cuidados de dependientes o vulnerables…) como bienes colectivos esenciales. Y con ello, la importancia de su gestión pública, principal aunque no exclusivamente”
Es una lección importante porque significa hacer frente a la ideología que ha venido dominando nuestras sociedades en las últimas décadas, para la que “lo público” debe limitarse a los ámbitos mínimos de protección social y es sinónimo de ineficacia y burocracia, y justificando políticas neoliberales de recortes de los presupuestos públicos y privatizaciones en las principales actividades sociales, debilitando la capacidad de gobernar y gestionar del Estado.
La pandemia ha puesto de manifiesto las graves carencias de nuestro modelo socioeconómico precisamente en la dotación de esos bienes colectivos, tanto por la insuficiencia de recursos financieros como por las precarias condiciones laborales de muchas de las personas que trabajan en ellos y, con ello, la insuficiencia de recursos humanos y una adecuada cualificación.
Aprender socialmente esta lección no solo implica defender la gestión pública de actividades esenciales para el conjunto de los ciudadanos y dotarla de recursos financieros y humanos suficientes. Implica, también, que el Estado no debe limitarse a desempeñar el papel pasivo de corregir los “fallos de mercado” sino a conformar, sobre bases y procesos democráticos de decisión, los objetivos esenciales para la comunidad y liderar su desarrollo y gestión. Una perspectiva que vuelve a señalar el diferente significado de valor y precio sobre el que debatieron los economistas clásicos, especialmente Carlos Marx, y que recupera la economista Mariana Mazzucato, una potente voz en la actualidad, que defiende la necesidad de un “Estado emprendedor” con capacidad de innovación y liderazgo para crear mercados, regularlos y garantizar que sus resultados se ciñen a los objetivos acordados colectivamente, orientados por la cooperación y no solo por la competencia. En definitiva, garantizar su valor social más allá del precio.
La importancia de la inversión pública, en su sentido más amplio, para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo requiere redefinir y crear nuevos tipos de relaciones público-privadas, que se estructuren como un ecosistema más simbiótico y no parasitario que evite, como ocurrió en la crisis económica de 2008, que se privatice la rentabilidad de los “éxitos” y se socialicen las pérdidas de los “fracasos”. Una perspectiva diferente de las relaciones público-privadas y de gran importancia, como se ha puesto de manifiesto en el debate sobre la propiedad privada de las patentes de las vacunas o como lo está siendo en el diseño de los planes europeos de recuperación.
Interdependencia y cooperación internacional en un mundo globalizado. Una segunda lección la ofrece el carácter global de la pandemia que ha llevado al confinamiento de gran parte de la población mundial y que debería llevarnos a entender que, más allá del confinamiento, nuestra salud va a depender también de la salud de nuestros vecinos y, con ello, la necesidad de políticas de cooperación internacional y de instituciones mundiales sólidas capaces de vertebrarlas. Deberíamos aprender que las vacunas son un bien público global y el derecho a la vacunación un derecho universal.
Sin embargo, la diferencia de la población vacunada entre los países con menores y mayores niveles de renta es inaceptable. Alrededor del 80% de la población en países de ingresos altos y medio-altos ha recibido ya al menos una primera dosis de la vacuna; apenas es el 20% de la población en los países de ingresos bajos y medios-bajos2. Un dato que refleja la falta de cooperación internacional, que también se muestra en la debilidad de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el programa COVAX3 para financiar y garantizar la vacunación en los países con menor renta, o en el ineficaz papel de la Organización Mundial de Comercio en la aprobación de una exención temporal de los derechos de propiedad privada de las patentes de las vacunas. Desde el comienzo de la pandemia han sido frecuentes las políticas nacionales de “empobrecer al vecino” prohibiendo la exportación de vacunas más allá de sus fronteras o una malsana competencia comercial entre países (los de mayor nivel de renta) para ser prioritarios en la adquisición de las vacunas. Un claro ejemplo de las graves carencias de instituciones internacionales y políticas de cooperación que han venido quedando políticamente obsoletas desde finales del pasado siglo, y que explican los efectos negativos de una globalización sin gobierno.
“Los acuerdos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrolllo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU, o los acuerdos de París sobre el cambio climático apuntan a que existen caminos que hay que abrir, transitar y ampliar”
La necesidad de fortalecer y recrear instituciones mundiales de cooperación se produce en un escenario especialmente complejo y nada halagüeño, en un mundo cada vez más multipolar, marcado por el creciente protagonismo de China y otros países “emergentes” pero cada vez menos multilateral. Pero los acuerdos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU, o los Acuerdos de París sobre el cambio climático, apuntan a que existen caminos que hay que abrir, transitar y ampliar, y en los que organizaciones como la Confederación Sindical Internacional o la Confederación Europea de Sindicatos y los valores del trabajo y el internacionalismo solidario tienen un importante papel que jugar, en alianza con otros actores políticos y sociales.
Una lección sobre la interdependencia y la cooperación que ha puesto de manifiesto la importancia de seguir impulsando el proyecto europeo de integración para formular respuestas comunes y solidarias pero, también, la necesidad de mejorar significativamente los sistemas de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas en España. La construcción del Estado de las Autonomías en España y la importante descentralización territorial de competencias no ha ido acompañada de mecanismos suficientes y eficaces de cooperación federal, ni un suficiente y dinámico consenso sobre un proyecto común que integre la diversidad nacional. Cabe recordar las reflexiones de José María Blanco White a principios del siglo XIX: “La España, nación que se puede decir agregada de muchas según la progresiva accesión de los reinos que la componen, no había tenido tiempo de reunir a sus habitantes por el influjo de un gobierno feliz e ilustrado, que bajo la uniformidad de las leyes hace olvidar a los pueblos las preocupaciones de rivalidades antiguas”4.
“El Estado de las Autonomías en España no ha ido acompañado de mecanismos suficientes y eficaces de cooperación federal, ni de un suficiente y dinámico consenso sobre un proyecto común”
La importancia de una orientación social y solidaria de las políticas frente al aumento de las desigualdades y la vulnerabilidad social. Algunos voceros afirmaban al comienzo de la pandemia que por su carácter global y de crisis sanitaria iba a afectar por igual a todas las personas. La realidad está demostrando que no es así. La pandemia se ha cebado en las personas de mayor edad, pero sobre todo en las personas con mayor vulnerabilidad económica y social, agravando las desigualdades tanto entre países como entre grupos sociales que se han venido produciendo en las últimas décadas, intensificadas por la crisis económica de 2008 y exacerbadas ahora por la COVID-19. Unas desigualdades que tienen una estrecha relación con el mundo del trabajo, con la destrucción de empleo y la precariedad laboral, con las brechas digitales que se han manifestado más claramente con el recurso al teletrabajo, o con la responsabilidad del trabajo de cuidados que sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres5. Unas desigualdades que también tienen que ver con la mayor o menor fortaleza de los sistemas sanitarios y de protección social de los países.
Es necesario defender el valor de los bienes públicos como hemos señalado anteriormente, y el sentido político y social del Estado de Bienestar, tan importante en el ámbito de la Unión Europea y base del llamado modelo social europeo tan atacado en la última crisis económica, y exigir políticas socioeconómicas que apoyen a los colectivos más vulnerables, actúen contra las desigualdades y la pobreza, y promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible.
Las políticas adoptadas por la Unión Europea en el contexto de la pandemia, a pesar de sus titubeos y contradicciones iniciales, han supuesto un giro radical frente a las que se adoptaron en la crisis de 2008 con una falsa “austeridad expansiva” basada en la devaluación de los salarios y en el recorte de las políticas públicas, especialmente –aunque no solo– en los ámbitos sociales. El papel de la UE en la orientación y coordinación de las políticas sanitarias nacionales y en la compra y distribución de las vacunas han salvado miles de vidas y han fortalecido el significado político y social del proyecto europeo de integración. También, la suspensión temporal de las restrictivas reglas del Pacto de Estabilidad y la aprobación de un programa fiscal expansivo con la adopción del Plan de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) a mitad de 2020 y su financiación a través, principalmente, de la mutualización de la deuda pública, rompiendo uno de los principales tabúes de los “austerófilos” –a los que no deberíamos llamar frugales, porque la frugalidad puede ser una virtud– que ha acompañado al mantenimiento de una política monetaria fuertemente expansiva que inauguró Mario Draghi en 2012. Las políticas adoptadas son un claro ejemplo de que se puede aprender de las lecciones de las crisis –en este caso de la crisis financiera– y de que, como decía uno de los slogans sindicales: otra Europa es posible.
También es importante valorar las políticas adoptadas en España por el gobierno progresista de coalición PSOE-Unidas Podemos, en un escenario político inestable y complejo. No es posible ni relevante ahora enumerar la gran cantidad de medidas que se han adoptado en el contexto de la pandemia pero sí señalar que abarcan un amplio espectro de ámbitos de actuación con una clara orientación social y solidaria. La instrumentación de los ERTE, que están siendo una pieza clave para evitar la destrucción de empleo, la regulación del trabajo a distancia, la obligación de hacer contratos laborales a los repartidores que trabajan para una plataforma digital –la conocida como “ley riders”– la implantación de un ingreso mínimo vital, la mejora de las prestaciones por desempleo, las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y las personas empleadas de hogar, entre otros; el apoyo financiero/fiscal a las empresas o las medidas para evitar desahucios, a pesar de las dificultades para su implementación en algunos casos, son buena muestra de su amplitud e importancia, a lo que hay que añadir que se hayan apoyado en su gran mayoría en el diálogo social, de especial importancia para su legitimación en un contexto político marcado por los desencuentros y la crispación generada por la estrategia miope e insolidaria de los partidos políticos de derecha.
44El papel del sindicalismo de clase en la defensa del valor del trabajo, las políticas solidarias y la democracia. La defensa de los bienes públicos esenciales en la convivencia y cohesión de nuestras sociedades requiere la extensión y asunción de valores sociales de solidaridad y justicia en el conjunto de la sociedad y, con ellos, el reconocimiento del valor del trabajo como elemento esencial para llevarlos a cabo en el día a día. Unos valores que, en el contexto de la pandemia, se han puesto claramente de manifiesto en ámbitos tan esenciales como la sanidad o la educación pública pero que son extensibles a otras muchas actividades, y que deben conllevar el rechazo a condiciones laborales precarias de muchas personas que las hacen realidad. Y es en esa defensa del valor de los servicios públicos universales y de calidad y del valor de trabajo y del empleo decente, como un binomio indesligable, donde el sindicalismo de clase, junto a otros movimientos sociales, ocupa un papel fundamental.
Pero si estos valores solidarios han tenido una clara expresión en los inicios de la pandemia en los aplausos desde los balcones a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad o de los servicios de limpieza, hay que tener en cuenta que, también, se han (están) confrontado con actitudes negacionistas que se han manifestado en “colas del hambre”, y lo hacen en nombre de la “libertad individual” para decidir no usar la mascarilla, no vacunarse, contra el toque de queda o para justificar la celebración de fiestas privadas y botellones a pesar de sus nefastas consecuencias sociales. Esta confrontación de valores y de ideas no es nueva, como sabemos desde la acción sindical, porque algunos de estos valores negacionistas e insolidarios en nombre de una “libertad individual” son los que explican las políticas neoliberales puestas en marcha desde finales del pasado siglo con sus devastadoras consecuencias sociales.
“No es imaginable que se puedan superar los obstáculos que se pondrán en el camino si no es con la determinación que dan los valores transformadores cuando son asumidos por las mayorías sociales. Ahí reside hoy la disputa por la hegemonía”
44La pandemia está resaltando la importancia de los bienes y los servicios públicos, el valor del trabajo y el empleo digno, y los valores de solidaridad y justicia como vertebradores de la cohesión social, pero nada garantiza que se prolonguen en el tiempo si no cuentan con el apoyo de gran parte de la ciudadanía, porque tienen muchos y poderosos grupos de interés en su contra, de los que obtienen beneficios con las hambrunas, las guerras o las vacunaciones. Y es en este escenario donde cobra especial relevancia el papel del sindicalismo de clase, junto a otros movimientos políticos y sociales, para proyectar sus valores internacionalistas de justicia, igualdad y solidaridad. Porque, como señalábamos en estas páginas: “En definitiva lo que se confronta es un orden social más justo y solidario que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos. Que se pueda avanzar en esta dirección o que se sucumba ante el empuje de los reaccionarios dependerá en última instancia de que el cambio que se observa en la conciencia ciudadana sobre cómo enfrentar la crisis actual se consoliden como valores de referencia para las mayorías sociales convirtiéndose así en hegemónicos. No es imaginable que se puedan superar los innumerables obstáculos de todo tipo que se pondrán en el camino si no es con la determinación que dan los valores transformadores cuando son asumidos por las mayorías sociales. Ahí reside en la actualidad la disputa por la hegemonía”6. Ese es el sentido de nuestras Comisiones Obreras cuando defendemos que hicimos, hacemos, haremos historia. Una historia justa y solidaria.
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Las propuestas del 12 Congreso de CCOO
La lectura que hasta aquí hemos hecho de la crisis y de las medidas que se han debido adoptar para hacer frente a la extensión de la pandemia, nos ayuda a contextualizar el 12 Congreso de la CS de CCOO, que se celebra al tiempo que el presente número de Gaceta Sindical. Reflexión y debate ve la luz.
Lo contextualiza porque gran parte del balance que presenta la Comisión Ejecutiva saliente gira alrededor de la crisis pandémica que ha ocupado, en el tiempo, casi la mitad del mandato que evaluamos; lo contextualiza, también, porque una parte sustancial del análisis que realizamos de la coyuntura, del cual surgen las principales propuestas que sometemos a consideración de la afiliación para determinar la hoja de ruta del sindicato en el próximo periodo, versa sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas generadas al calor de la pandemia. Lo contextualiza, incluso, por las condiciones materiales en las que hemos debido desarrollar los debates “por la base” que desaguarán en las sesiones del Congreso, condiciones atípicas marcadas por las limitaciones a la movilidad y la presencialidad que nos han obligado a incorporar de manera acelerada las nuevas tecnologías en la organización de los debates internos.
En efecto, para este 12 Congreso hemos analizado las consecuencias económicas, sociales, laborales, políticas y culturales de lo que se ha denominado la revolución conservadora de los años 80. Cuarenta años de hegemonía del neoliberalismo que adquirió su mayor crudeza en la crisis financiera de 2008 y en la gestión austericida que se impuso. Analizamos también cómo las consecuencias de esa gestión dejaban el terreno abonado para la eclosión de la extrema derecha y el neofascismo, que en nuestro país ha conseguido significativa penetración social, notables resultados electorales y una presencia institucional capaz de condicionar el discurso de la derecha tradicional. Pero analizamos con detenimiento la crisis generada por las medidas que se han debido aplicar para contener la extensión de la pandemia y observamos algunos elementos distintivos con respecto a la crisis financiera de 2008.
Por destacar solo dos: uno, la mayor conciencia ciudadana sobre el valor de los servicios públicos y de las redes de protección social. El virus, como si de un espejo se tratase, nos ha devuelto la imagen de nuestra vulnerabilidad; de ahí que servicios y actividades a los que les prestábamos escasa atención o que eran minusvalorados, cuando no denostados socialmente, hayan cobrado una relevancia inaudita a ojos del imaginario colectivo. Estamos hablando de la sanidad, de las residencias de mayores, de la educación, de las fuerzas de seguridad… pero no solo; también hemos visto cuan esenciales han sido el personal de los supermercados, el personal de limpieza viaria y una larga lista de actividades que llevan a cabo trabajadoras y trabajadores por lo general invisibilizados por los prejuicios y el clasismo imperantes.
“…El cambio copernicano que, por razón de supervivencia, han introducido las instituciones internacionales y europeas en sus políticas económicas, sin autocrítica alguna respecto a su actuación en la crisis financiera”
Dos: el cambio copernicano que, por razones de mera supervivencia, han introducido las instituciones internacionales y europeas en sus políticas económicas que, sin autocrítica alguna respecto a cómo actuaron durante la crisis financiera, han recuperado políticas que podemos caracterizar como neokeynesianas, con una fuerte intervención desde los poderes públicos inyectando ingentes cantidades de recursos económicos para relanzar la actividad económica y recuperar el empleo.
Y analizamos que esta nueva realidad se desarrolla en un mundo en profunda transformación, producto de las transiciones digitales y ecológicas en las que estamos inmersos.
De este análisis concluimos que la contradicción fundamental con la que nos encontramos en el presente y que marcará el devenir de los próximos años es la que se da entre los modelos sociales que gobernarán la salida de la crisis y las citadas transiciones. Contradicción que podemos resumir en los términos siguientes: Entre un modelo que procura el beneficio de unos pocos, y que para ello promueve la “libertad” individual, esto es, el individualismo y un Estado débil reducido a garantizar los privilegios de los poderosos, y un modelo que busca el bienestar de las mayorías sociales porque cree en la sociedad como colectivo que se nutre de la solidaridad, donde el Estado debe ser quien vele por los ciudadanos y ciudadanas desde que nacen hasta que fallecen, proveyéndoles de servicios e interviniendo en la economía.
Siguiendo este hilo argumental establecemos tres grandes prioridades que someteremos a consideración del Congreso:
La primera, participar activamente en la disputa por la hegemonía cultural. Que se imponga un modelo u otro de gestión de la crisis y, particularmente, que de esta crisis salgamos con una sociedad más armónica, justa y democrática dependerá en gran medida de que se pueda afianzar y ampliar esa conciencia ciudadana, que con la pandemia ha cobrado vigor, sobre el valor de la solidaridad, de los servicios y redes de protección públicas y del papel del Estado a la hora de proveer al conjunto de la ciudadanía de la protección y seguridad que demanda.
El afianzamiento de estos valores entre la ciudadanía es condición necesaria para que se exprese en términos políticos una relación de fuerzas favorable a los intereses de las mayorías y, más en concreto, de los trabajadores y trabajadoras.
Es obvio que un objetivo como éste lo tenemos que dinamizar desde el sindicato, pasando a la ofensiva desde la divulgación de nuestros valores, la formación de nuestros y nuestras sindicalistas y potenciando nuestros centros de pensamiento como es la Fundación 1 de mayo, pero no solo. Se requiere de una actuación concertada con organizaciones de la sociedad civil y políticas con las que compartimos las mismas inquietudes, reflexiones y objetivos desde la pluralidad y diversidad. De la misma manera se requiere, también, de una actuación, adecuadamente concertada y coordinada, en el plano internacional, pues no en vano esta disputa no se limita a nuestro país sino que recorre el mundo.
La segunda, recuperar, fortalecer y extender derechos, pensando especialmente en los colectivos más vulnerables. El sindicato, por definición, procura la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Este principio, en el contexto actual, en el que sufrimos las consecuencias de dos crisis que se han solapado en el tiempo, la financiera de 2008, que antes de ser superada se dio de bruces con la generada por la pandemia, exige empezar por recuperar los derechos que de manera más sibilina ogrosera se han arrebatado a los trabajadores y trabajadoras. Pero no es suficiente, tenemos que proponernos ampliar derechos porque la situación precedente a las crisis tampoco era la más satisfactoria. Así, debemos proponernos construir una nueva carta de derechos del trabajo para el siglo XXI. Los derechos recuperados y aquellos que seamos capaces de configurar como nuevos deben llegar a todos los centros de trabajo y actividades económicas y a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, pues la realidad hoy sigue siendo que, en no pocas empresas, se escamotean esos derechos a sus trabajadores con tal de seguir la vieja máxima que alienta al sistema: conseguir los máximos beneficios en el menor tiempo posible.
¿De qué hablamos cuando nos proponemos recuperar, fortalecer y extender derechos? De derechos laborales, como el empleo de calidad, la estabilidad en el empleo frente a la temporalidad, la salud laboral… De derechos sociales, como las redes de protección, las pensiones, la garantía de renta, las políticas públicas, la salud pública, los servicios públicos, la vivienda, la igualdad… Y hablamos de aquellas medidas que favorezcan un cambio en nuestro patrón de crecimiento para poder abordar los déficits estructurales que arrastra nuestro país históricamente: nos estamos refiriendo a la necesaria reindustrialización de nuestra base económica, a la diversificación productiva, a la necesidad de una política científica fuerte y a una apuesta decidida por la I+D+i, a cómo afrontar la transición a la economía digital y la transición energética…
El cambio de nuestro modelo económico es fundamental para poder construir una nueva carta de derechos laborales y sociales pero también es necesaria una política de redistribución de la riqueza y de recaudación que provea de manera justa al Estado de los recursos necesarios para financiarlos. De todo esto hablamos.
La tercera prioridad que nos marcamos es fortalecer y extender la organización. En el momento de desarrollar esta tercera prioridad partimos de una afirmación conceptual: extender y fortalecer la organización es condición necesaria para extender y fortalecer los derechos, de suerte que a mayor organización mayores y mejores derechos para todos los trabajadores y trabajadoras y particularmente para los más vulnerables.
En los materiales a debate se analizan las grandes características del tejido productivo español y del mercado laboral, para después compararlo con el grado de implantación de CCOO y de esa comparación extraer las principales medidas que nos proponemos abordar para desarrollar esta prioridad.
Así concluimos que tenemos más afiliación que nadie pero hay millones de trabajadores y trabajadoras por afiliar; ganamos holgadamente las elecciones sindicales pero hay cientos de miles de empresas en las que no se celebran elecciones; damos cauce orgánico al cincuenta por ciento de nuestra afiliación pero tenemos a la otra mitad sin canales estables de participación. Y los trabajadores y trabajadoras que no afiliamos, que no tienen representación sindical y que no organizamos coinciden con aquellos y aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable y que por tanto más necesitan de la intervención del sindicato si no los queremos dejar expuestos a la discrecionalidad empresarial.3Así concluimos que tenemos más afiliación que nadie pero hay millones de trabajadores y trabajadoras por afiliar; ganamos holgadamente las elecciones sindicales pero hay cientos de miles de empresas en las que no se celebran elecciones; damos cauce orgánico al cincuenta por ciento de nuestra afiliación pero tenemos a la otra mitad sin canales estables de participación. Y los trabajadores y trabajadoras que no afiliamos, que no tienen representación sindical y que no organizamos coinciden con aquellos y aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable y que por tanto más necesitan de la intervención del sindicato si no los queremos dejar expuestos a la discrecionalidad empresarial.
De esa constatación nos proponemos, de un lado, extender la organización llegando a más trabajadores y trabajadoras, promoviendo la afiliación y ofreciéndoles los cauces de participación con tal de originar organización para la acción reivindicativa.
Simplificando mucho, esto quiere decir ofrecer canales de comunicación accesibles y eficaces con el sindicato; mejorar los servicios que ponemos a su disposición, particularmente los de asesoría sindical y jurídicos; ofrecerles espacios de participación como son las secciones sindicales; promover la elección de representantes sindicales allí donde se den las condiciones; garantizar que les llega la información relevante y poner a su disposición las posibilidades de formarse profesional e ideológicamente. De otro, adecuar nuestras estructuras territoriales y federales para actuar eficazmente en los sectores y colectivos en los que se están concentrando los cambios en el tejido productivo y en el mercado laboral.
Esta línea de actuación la concretamos, a su vez, en dos direcciones: una, profundizar en el modelo de “sindicalismo de proximidad” que siempre nos ha caracterizado, lo que desde el anterior congreso denominamos como “desarrollo organizativo” y que se puede sintetizar en institucionalizar la cooperación entre estructuras para poner todos los recursos humanos y materiales disponibles al servicio de la extensión sindical, estableciendo una red de “sindicalistas de referencia” y dotándonos de métodos de trabajo que garanticen la efectividad de los mismos. Y dos, dotarnos de fórmulas flexibles de intervención sindical, de participación y organización de la afiliación, lo que se puede ejemplificar en favorecer la cooperación entre las estructuras sectoriales para atender a todos aquellos colectivos que aun estando encuadrados en distintas federaciones tienen un mismo espacio de intervención sindical; promover estructuras funcionales –por tanto, no orgánicas– para aquellos afiliados y afiliadas que por las características de la empresa en la que trabajan no pueden tener sección sindical; impulsar el espacio “jóvenes de CCOO”, o fortalecer las secretarías de la mujer en todas nuestras estructuras. CCOO es el sindicato en el que más trabajadores y trabajadoras confían en este país; se nos afilian más a nosotros que a cualquier otro sindicato; las candidaturas celebran elecciones sindicales; tenemos presencia en todos los sectores de la producción y los servicios y en todos los rincones del país; participamos en toda la negociación colectiva y tenemos una gran capacidad de interlocución con patronales y Gobiernos; contamos con una fuerte presencia social y reconocimiento político e institucional y desplegamos una importante actividad internacional, pero seguimos teniendo amplios espacios de mejora.
Los conceptos los tenemos claros y el método de análisis que hemos seguido nos devuelve una imagen suficientemente nítida de donde se encuentran nuestras insuficiencias, lo que facilita situar cuales deben ser las propuestas para la intervención futura. Ahora se trata de que ese gran intelectual colectivo que es el Congreso las ratifique o las enmiende y que la nueva dirección que salga elegida del mismo aplique lo acordado con determinación.♦–
2 Joint COVAX Statement on Supply Forecast for 2021 and early 2022. September, 2021.
3 Hasta la fecha se han recaudado 10.000 millones de dólares para la plataforma COVAX, a través de la cual los países con menor renta pueden acceder al suministro de vacunas, mientras que nueve multimillonarios propietarios de empresas farmacéuticas productoras de vacunas han amasado gracias a la COVID-19 un total de 19.200 millones de dólares. CNN, Mayo, 2021.
Ver también el informe de Amnistía Internacional: Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19.
4 Reflexiones generales sobre la revolución española. José María Blanco White, El Español, núm. 1, abril de 1810 (escrito ante la convocatoria en Cádiz de las primeras Cortes Constituyentes). Tomado de José María Blanco White: Antología. Edición de Vicente Llorens. (1971) Textos Hispánicos Modernos. Edt. Labor, Barcelona.
5 CES (2021): COVID-19 and the world of work. The impact of a pandemic.
ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Enero, 2021.
6 LEZCANO, F. y ARAGÓN, J. (2020): “Notas sobre valores sociales, trabajo y sindicalismo”. Gaceta Sindical. Reflexión y debate nº 34.
