El coste de la vivienda en nuestro país ( donde el parque público supone el 2% frente al 9% de media en la UE) es determinante para que más de tres millones de hogares (el 16,8%) quedasen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagada vivienda, agua y energía, en 2021. Así lo refleja el informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, del equipo de estudios de la Fundación FOESSA en colaboración con Cáritas, del que aquí recogemos algunos epígrafes.
Texto: fundación fomento de estudios sociales y sociología aplicada (foessa)
La respuesta a esa pregunta es preocupante pues se vuelven a evidenciar las dificultades persistentes que afectan a los sectores más vulnerables de la población en España. La señal de alarma es patente: las buenas noticias no están llegando a esta población, mientras que las malas se ceban con ella. En este contexto, la vivienda se presenta como el factor determinante que desequilibra la ecuación «ingresos menos gastos». La dificultad de acceso a viviendas dignas y a precios asequibles se presenta, por tanto, como el gran desafío de nuestro tiempo (…) La situación extrema de carencia de cualquier tipo de ingresos ha afectado a un número significativo de hogares durante un periodo extenso y a inicios de 2023 aún 566.000 hogares sufrían esta situación, apenas 10.000 menos que en el año anterior. Esta no es una cuestión coyuntural o derivada de la pandemia. Incluso en los años en los que parecía producirse una recuperación económica (2015-2019), al menos un 3% de los hogares experimentaban esta situación de extrema falta de ingresos.
“Como menciona la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España en su último informe, el modelo español – de garantía de ingresos mínimos- ha presentado desde su origen grandes diferencias entre territorios lo que supone una gran desigualdad de oportunidades reales”
A pesar de las mejoras en el mercado de trabajo y la implantación de nuevas prestaciones, nos encontramos en una situación similar a los inicios de la Gran Recesión quince años después. Este resultado confirma lo mostrado por el VII Informe FOESSA ya en 2014: la existencia de un colectivo descartado y al margen, que no se ve beneficiado en las recuperaciones económicas, y cuya situación responde a cuestiones estructurales
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La última red: el sistema de ingresos mínimos
El sistema de garantía de ingresos mínimos es uno de los principales soportes del sistema de protección social en España para garantizar el mantenimiento de un nivel de vida adecuado de la ciudadanía y su objetivo primordial es reducir las situaciones de pobreza. Sin embargo, tal y como menciona la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España en su último informe, el modelo español desde su origen ha presentado grandes diferencias entre territorios lo que supone una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas en función de su lugar de residencia. Además de dicha desigualdad territorial, queremos hacer hincapié en los otros dos elementos que caracterizan nuestro sistema de ingresos mínimos: su baja cobertura y su baja intensidad protectora.
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Baja cobertura: una red que no cubre a todo el que debería
Si miramos con detalle los datos ofrecidos por las comunidades autónomas sobre sus rentas mínimas de inserción (RMI) la conclusión es que se trata de un sistema que ofrece una baja cobertura. Analizando la información disponible desde 2008 observamos que, tras años de aumento leve pero constante, el monto total ejecutado en materia de RMI descendió en un 1,7% en el año 2018 (hasta 1.519 millones). Y si bien en los años 19 y 20 volvió a repuntar, el descenso en 2021 ha sido tan marcado (-12,6% hasta 1.722 millones), sobre todo en número de perceptores (de 795.861 a 645.317), que 2021 ha registrado la cifra más baja de receptores desde 2014.
“La situación extrema de carencia de cualquier tipo de ingresos ha afectado a un número significativo de hogares durante un periodo extenso y a inicios de año 566.000 hogares sufrían esta situación, apenas 10.000 menos que en 2022. Pese a las mejoras en el mercado laboral y la implantación de nuevas prestaciones es una situación similar a la de los inicios de la Gran Recesión, quince años después”
Tal y como veníamos anunciando, la cobertura de las rentas mínimas, es decir, a cuántas personas en situación de pobreza severa llegan estas ayudas, es uno de los puntos débiles más flagrantes del sistema de protección social español. Dado que en España hay más de 4,8 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza severa (40% de la mediana de ingresos según ECV 2021, INE), las algo más de 600.000 personas que percibieron la RMI representa una tasa de cobertura del 13%. Es decir, el 87% de las personas en situación de pobreza severa no han podido acceder a las RMI del sistema de garantía de ingresos lo que corrobora la escasa cobertura de la medida.
Dichas tasas de cobertura mejoran si observamos la implementación del ingreso mínimo vital (IMV). Si bien los datos que ofrece el ministerio solo permiten conocer el número de beneficiarios acumulados del IMV, lo cual puede generar cierta distorsión, el resultado es que en junio de 2023 se contabilizaban 1.868.172 personas beneficiarias (desde la fecha de la aprobación del IMV hasta ese momento) lo que implica una tasa de cobertura del 44% de la población en pobreza severa.
Queda claro, por tanto, que a la luz de los datos y análisis presentados ni la renta mínima de inserción implementada por las comunidades autónomas ni el ingreso mínimo vital han alcanzado una tasa de cobertura lo suficientemente efectiva como para generar un impacto significativo. A pesar de los esfuerzos por abordar la precariedad económica y reducir la pobreza, los resultados siguen siendo insuficientes.
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Protección insuficiente: cuando la red no termina de parar el golpe
Hemos constatado que tanto la renta mínima de inserción implementada por las comunidades autónomas como el ingreso mínimo vital, si bien representan avances en el intento de abordar la precariedad económica y la pobreza en España, tienen una cobertura limitada, lo que significa que muchas personas en situación de vulnerabilidad aún luchan por acceder a ellas. Sin embargo, la problemática no se detiene allí, ya que, incluso cuando se logra el acceso, las cuantías otorgadas son tan reducidas que ofrecen un nivel de protección insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
La baja intensidad protectora de la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital se hace evidente cuando los comparamos con otros indicadores clave de ingresos. En el año 2021, el salario mínimo interprofesional (SMI) se estableció en 965,00€, mientras que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) alcanzó los 564,90€. En este contexto, la cuantía media de la prestación por titular, que ascendía a 490,81€ al mes, representaba tan solo un 50,9% del SMI y un 86,9% del IPREM. Estas cifras subrayan la limitada capacidad de estas prestaciones para proporcionar un apoyo económico significativo a las personas y familias en situación de necesidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de reconsiderar su diseño y alcance.
“Los datos del Ministerio solo permiten conocer un acumulado, el del número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital desde su implantación hasta junio de este año, el acumulado supone el 44% de la población en situación de pobreza severa,1.868.172 personas. Tanto las Rentas Mínimas de Inserción como el Ingreso Mínimo Vital tienen tasas de cobertura limitadas”
Esta brecha entre las prestaciones y los indicadores clave de ingresos evidencia que las prestaciones no logran proporcionar un nivel de ingresos suficiente para cubrir las necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno. Esto significa que, a pesar de recibir alguna forma de apoyo, las personas beneficiarias aún pueden enfrentar dificultades económicas significativas y la persistencia de la pobreza
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Sacrificios obligados: renuncias a pesar del esfuerzo
Tal y como venimos expresando, las familias destinan buena parte de sus gastos a asegurarse una vivienda hasta el punto que, en los últimos años se viene observando una preocupante tendencia en las dinámicas económicas de las familias. Tras destinar una parte significativa de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros básicos (agua y energía), muchas familias se enfrentan a un panorama desalentador: el dinero que les queda disponible en sus bolsillos se sitúa por debajo del umbral de la pobreza severa.
“En 2018, un 9,9% de los hogares españoles se quedaba por debajo del umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, el agua y la energía. Ese porcentaje subía al 16,8% en 2021 (al inicio del proceso inflacionario) lo que supone más de tres millones de familias”
Este fenómeno, que refleja una creciente fragilidad económica en la vida cotidiana de las familias, es especialmente preocupante al comparar los años 2018 y 2021. En 2018, esa realidad afectaba al 9,9% de los hogares, 1,8 millones de familias luchando por mantener un equilibrio económico que les permitiera afrontar no solo los gastos habitacionales, sino también otras necesidades básicas. Lo alarmante es que esta situación se ha agravado en el transcurso de los años y en 2021 un preocupante 16,8% de los hogares, lo que equivale a más de 3 millones de familias, experimenta esta angustiosa realidad.
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Un problema persistente: políticas insuficientes y/o ineficaces
Este cambio en la percepción pública subraya la necesidad apremiante de abordar los desafíos relacionados con la vivienda de manera efectiva y colectiva. Y a su vez, a la luz de los datos reflejados hasta el momento, pone de manifiesto cómo los planes, estrategias y políticas de vivienda puestos en marcha desde la administración pública en todos sus niveles no han funcionado. Una de las diferencias más obvias y patentes que se encuentra comparando el caso español con el de otros países europeos es la escasez de vivienda social. Que según la Ley por el Derecho a la vivienda se define como la vivienda de titularidad pública destinada al alquiler o cesión, o bien aquella construida sobre suelo sea de titularidad pública.
Según datos del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, España posee un exiguo parque de vivienda social que representa tan sólo el 2,5% de viviendas principales en nuestro país. Una cifra realmente baja si la comparamos con el conjunto de la Unión Europea (9,3%) o con países como Francia (16,8%), Austria (24%) o Países Bajos (30%).
Por tanto, y a la luz de estos datos, se torna evidente que las políticas relacionadas con la vivienda han demostrado, en gran medida, ser inexistentes o insuficientes para abordar de manera efectiva los desafíos habitacionales que enfrenta nuestra sociedad. Los números revelan una creciente proporción de hogares luchando contra la pérdida de su vivienda, la inadecuación de viviendas y la carga financiera excesiva. Esta tendencia al alza mostrada en diversos indicadores pone de manifiesto que la problemática habitacional no solo persiste, sino que se profundiza.
Ante esta realidad, resulta imperativo que los responsables políticos y las partes interesadas reexaminen y redoblen sus esfuerzos para implementar estrategias más sólidas y efectivas que aborden la crisis habitacional de manera integral. Garantizar el acceso a viviendas seguras, adecuadas y asequibles es un desafío ineludible que requiere la colaboración de todos los sectores, y solo a través de políticas audaces y comprometidas podremos aspirar a un futuro en el que cada individuo y familia tenga la oportunidad de vivir en condiciones dignas y estables.
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Bajo el umbral: la realidad de la pobreza en España
El concepto de pobreza es un elemento central para comprender las disparidades económicas en nuestra sociedad. La pobreza, tal y como la define el INE, se identifica como la condición de aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo del 60% (pobreza relativa) o del 40% (pobreza severa) de la mediana del conjunto de ingresos de la sociedad. Esta medida no solo evalúa la insuficiencia de recursos económicos, sino que también proporciona una perspectiva relativa de la desigualdad en la distribución de la riqueza.
La tasa de pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana equivalente) en España registrada entre 2008 y 2022 revela una conclusión aplastante: la pobreza es un fenómeno estructural arraigado en la sociedad, que persiste independientemente de la coyuntura económica general. A lo largo del periodo analizado, la tasa de pobreza se ha mantenido en un rango relativamente estrecho, oscilando entre el 19% y el 21%, independientemente de que el país haya atravesado momentos de graves crisis económicas o de expansión. Esta persistencia en los niveles de pobreza a pesar de las variaciones en la coyuntura económica es un indicativo claro de que la pobreza en España tiene un carácter estructural.
Así, la pobreza no solo se manifiesta en situaciones de crisis económica, sino que parece arraigada en la sociedad, afectando a un porcentaje constante de la población incluso en los periodos de crecimiento o expansión económica.
Si bien los datos de pobreza parecen bastante estables a lo largo del periodo analizado, lo que también muestran son claras las diferencias si atendemos a las variables de origen, edad y género.
En primer lugar, se destaca la notable brecha en la tasa de pobreza entre la población de origen inmigrante y el conjunto de la población. A lo largo de los años, la tasa de pobreza entre los inmigrantes ha sido significativamente más alta, alcanzando un máximo del 59% en 2021, lo que subraya los desafíos adicionales que enfrentan las comunidades migrantes en términos de inclusión económica. Además, los datos muestran que los menores de 18 años experimentan niveles más altos de pobreza, que rondan el 30%, en comparación con el conjunto de la población. Esto plantea preocupaciones importantes sobre el bienestar y el futuro de las próximas generaciones en España. Por último, a pesar de que la situación de pobreza no es el indicador que mejor retrata la diferencia entre géneros y para ello suelen usarse otros indicadores laborales o salariales, se observa que las mujeres tienen tasas de pobreza ligeramente más altas que las del conjunto de la población, lo que sugiere la persistencia de desigualdades de género en el ámbito económico.
“Dado que en España hay más de 4,8 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza severa (40% de la mediana de ingresos según ECV 2021, INE), las algo más de 600.000 personas que percibieron la Renta Mínima de Inserción representa una tasa de cobertura del 13%”
Pero si los ingresos vienen incrementándose para el conjunto de la población en las últimas décadas, ¿por qué no se reducen las tasas de pobreza? Una posible explicación radica en que, aunque los ingresos estén aumentando, este crecimiento no se distribuye de manera uniforme ni equitativa entre la población. Tal y como vimos en el capítulo dedicado al conjunto de los ingresos, los quintiles más altos se han beneficiado en mayor medida de estos incrementos, mientras que los segmentos menos favorecidos han experimentado aumentos más modestos o incluso estancamiento en sus ingresos.
Esta disparidad en la distribución de ingresos deriva en un fenómeno donde la brecha entre ricos y pobres se amplía, manteniendo la tasa de pobreza en niveles persistentemente altos a pesar del crecimiento económico global. Para abordar efectivamente la pobreza, sería esencial no solo aumentar los ingresos en términos generales, sino también implementar políticas que promoviesen una distribución más equitativa de la riqueza reduciendo así las disparidades económicas entre diferentes estratos de la sociedad.
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Sin red de seguridad: la carencia material severa
Para complementar nuestra comprensión de las condiciones de vida en la sociedad actual, creemos fundamental abordar el concepto de carencia material severa que el INE define como la situación que atraviesan las familias u hogares que carecen de al menos cuatro de los nueve artículos esenciales de un listado predefinido(29). A diferencia de la pobreza, que se basa únicamente en la limitación o ausencia de recursos monetarios, la carencia material severa nos proporciona una perspectiva más integral ya que mide la capacidad de las personas para acceder a elementos básicos que son cruciales para una vida digna. Por tanto, al considerar la carencia material severa, no evaluamos los ingresos disponibles, sino cómo éstos se traducen en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y disfrutar de un nivel mínimo de bienestar material. Esta perspectiva nos ofrece una visión complementaria poniendo en relación ingresos y gastos, ya que nos lleva a examinar no tanto el cuánto se gana, sino más bien el qué se puede o no se puede cubrir con dichos ingresos.
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Desnudando la realidad: el panorama de la carencia material severa
Los datos ofrecen una visión reveladora de la dinámica de las condiciones de vida en España a lo largo de los últimos casi veinte años. Entre 2004 y 2011, el porcentaje de personas afectadas por la carencia material severa osciló entre el 3% y 4%. A partir de ese momento inicia una escalada que alcanza el pico en 2014 donde el 7,1% de la población sufría la mencionada carencia material. En los años sucesivos vuelve a descender para, en 2019, iniciar una nueva tendencia ascendente que llega hasta nuestros días y que en la actualidad sitúa a más de 3,8 millones de personas (8,1%) en una situación de insuficiencia de bienes básicos.
El Instituto Nacional de Estadística define la carencia material severa como la situación que atraviesan las familias que carecen al menos de cuatro artículos de los nueve siguientes: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros en 2023). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de un teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora.
Los ingresos han venido mostrando una tendencia positiva en los últimos años, sobre todo a partir de 2014 lo que sugiere que las familias disponen de cada vez más recursos para afrontar la cotidianidad. En cambio, si nos fijamos en la tasa de carencia material severa, a partir de 2019 viene sufriendo un incremento notable. La paradoja que surge al comparar el crecimiento de los ingresos con la persistencia de la tasa de privación material severa en los últimos años plantea una cuestión fundamental sobre la relación entre los recursos disponibles y la calidad de vida de las personas.
A pesar de que los ingresos totales han experimentado un aumento, la tasa de privación material severa no muestra una disminución proporcional, lo que sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población. Así, a pesar de tener mayores ingresos, los hogares se están enfrentando a un aumento en el costo de vida, especialmente en áreas como vivienda, suministros, alimentación y transporte, que está absorbiendo gran parte de los ingresos adicionales, lo que nuevamente deja a las familias en una situación de recursos limitados para satisfacer otras necesidades básicas.
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Conclusiones
En conclusión, a lo largo de este informe hemos explorado detenidamente las complejas dinámicas que determinan las condiciones de vida en la sociedad española, demostrando de manera concluyete que, para mejorarlas, no basta con enfocarse únicamente en uno de los dos elementos de la ecuación: ingresos o gastos. La mejora integral de la calidad de vida requiere abordar ambos aspectos de manera paralela y coordinada. Una integralidad que debe estar conceptualizada como tal en el centro de cualquier intervención que pretenda mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables, ya sea de los servicios sociales públicos o de las entidades del tercer sector.
De hecho, uno de los elementos que queremos poner sobre la mesa es que si bien, tal y como hemos mencionado, es necesario abordar ambas variables de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable, lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares.
Y si bien es esta una afirmación válida para el conjunto de la población, se hace especialmente manifiesta para aquellas familias con menores ingresos. En cada crisis que ha atravesado nuestra sociedad, una realidad persistente se hace patente: son los más vulnerables quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias más graves. Ya sea en tiempos de recesión económica, crisis sanitarias o desafíos socioeconómicos, los grupos más frágiles de nuestra población enfrentan una carga mayor que termina derivando en un deterioro de sus condiciones de vida superior al del conjunto de la población.
Y es aquí donde el estado de bienestar debería alcanzar un rol protagónico, pues su influencia tanto en el ámbito de los gastos como de los ingresos puede ser crucial. En primer lugar, en la esfera de los ingresos, es decisivo establecer un marco legislativo laboral que tenga como objetivo central la reducción de la precariedad laboral. Esto implica la promoción de empleos de calidad, con condiciones laborales justas y salarios dignos que permitan a las personas y sus familias disfrutar de una vida digna, plena y satisfactoria. Además, se debe asegurar una red de seguridad social robusta y efectiva que respalde a aquellos hogares y colectivos que no pueden obtener ingresos suficientes a través del mercado de empleo, ya sea debido a circunstancias económicas adversas o limitaciones personales.
En segundo lugar, en la esfera de los gastos, es esencial diseñar e implementar políticas públicas que hagan posible los derechos contenidos en la Constitución. Esto incluye, de manera destacada, el acceso a una vivienda adecuada, que en la actualidad representa uno de los principales desafíos en términos de gastos para muchas familias. Además, derechos como la educación, la salud y otros deben ser asequibles y de calidad, asegurando que ningún individuo se vea excluido de su acceso debido a limitaciones económicas.
Es, por tanto, fundamental recordar que el estado de bienestar desempeña un papel crucial en la sociedad al garantizar que se cumplan los derechos esenciales de las personas. Si bien en este informe hemos profundizado en el análisis de las condiciones de vida de los hogares y las diferentes dimensiones de ingresos y gastos, no podemos perder de vista que el estado de bienestar es la piedra angular que debe asegurar la protección y el bienestar del conjunto de la sociedad. Su función consiste en velar por que las personas tengan acceso a servicios públicos de calidad, como la educación, la salud, la vivienda y la protección social, independientemente de su situación económica.
Por lo tanto, abordar y fortalecer el estado de bienestar sigue siendo una prioridad para garantizar una sociedad justa y equitativa. Esto nos lleva a preguntarnos por la fiscalidad. Sabiendo que es un tema harto complejo y que aquí no contamos con el espacio, sí queremos al menos poner sobre la mesa algún elemento de juicio que pueda nutrir reflexiones y trabajos futuros.
La recaudación de impuestos es el elemento central que nos permite dotarnos, como sociedad, de determinados derechos (educación y sanidad, por ejemplo, pero también justicia, seguridad, movilidad, etc.). Siendo así, se puede entender dicha fiscalidad desde la doble perspectiva que aborda este informe: un gasto, en el sentido de un monto que deja de entrar en nuestros bolsillos; pero también un ingreso en forma del conjunto de servicios o derechos que se nos brinda desde el estado de bienestar.
Reflexionar en este sentido se nos antoja decisivo y si bien encontrar el equilibrio entre ingresos y gastos en el seno de cada hogar es importante, no lo es menos buscar la equidad en la distribución de la carga fiscal como fórmula para equilibrar unos gastos individuales con unos ingresos colectivos que garanticen el cumplimiento de los derechos para el conjunto de la población.
Queremos aquí subrayar la necesidad de implementar estrategias globales que aborden tanto la generación de ingresos como la gestión efectiva de los gastos en los que incurren las familias y que, en última instancia, deriven en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía en general y de los grupos más vulnerables en particular. Para lo cual queremos señalar una serie de retos que, como sociedad tenemos sobre la mesa y que tendrían que tenerse en cuenta si queremos aliviar el sufrimiento a tantas familias.
• Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente on line para evitar la brecha digital; programas formativos acompañados de acciones socioeducativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.
• Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos laborales, brindando a los trabajadores y trabajadoras la seguridad y estabilidad que merecen. Asimismo, es esencial abogar por la reducción de la parcialidad en las jornadas de trabajo, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad. Mejorar estos elementos no solo beneficiaría a la clase trabajadora, sino que fortalecería la base económica y social, promoviendo una sociedad más equitativa y próspera.
• Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
• Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, sin excepciones. Con el propósito de que nadie se quede atrás en el horizonte, es necesario que el sistema de garantía de ingresos mire a colectivos hasta ahora excluidos del mismo como pueden ser las personas en situación administrativa irregular. Pero también se hacen necesarios ajustes administrativos tales como la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que estas tengan que ser quienes las soliciten.
• El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos para asegurar que quien percibe la prestación tenga la oportunidad de vivir con un mínimo de bienestar. Para esto es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la Administración Pública. Unos montos que, en última instancia, deben ajustarse tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar.
• El acceso a una vivienda digna y adecuada es sin duda un desafío presente y futuro para nuestra sociedad, y para abordarlo con la valentía y determinación que requiere es fundamental una implicación sin reservas en el diseño y aplicación de políticas públicas. El hecho de contar con una vivienda digna, junto con el acceso al agua, energía e internet, es el derecho que abre la puerta y hace posible o no el acceso a otros derechos. Se trata sin duda de la piedra angular del bienestar de las personas, convirtiéndose en un auténtico catalizador de bienestar y acceso a derechos.
• Algunas posibles acciones concretas y efectivas de intervención en vivienda serían las siguientes. Por un lado, ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.♦
