La deuda no financiera de las Administraciones Públicas con sus proveedores supera ya los 110.000 millones, según los datos de la PMcM
Texto: Antoni Cañete •
Pte. de PIMEC y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) •
En una situación económica como la actual resulta muy normal que cualquier unidad tienda a mantener su propio equilibrio a costa de incrementar el caos del de los demás. Esta actitud es habitual, incluso de manera inconsciente. Puro instinto de supervivencia para preservar la especie. Cuando hablamos de temas de liquidez, base de la solvencia de cualquier compañía, la experiencia nos demuestra que es muy fácil por parte de las entidades con determinada posición de dominio transferir sus preocupaciones de caja a otras más pequeñas, mediante el sencillo método de retrasar los pagos a sus proveedores. Esta estrategia, además, es especialmente beneficiosa en épocas de inflación, cuando el mero hecho de alargar el momento de un pago no sometido a un coste financiero, lo abarata. No puede ser más fácil. Es el caso de las Administraciones Públicas. Resulta difícil entender que, en el momento de mayor recaudación en los últimos años, se incremente de manera exponencial el importe de su deuda no financiera, por cierto, partida no incluida dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, ese que nos sirve para medirnos con nuestros pares europeos.
