La hiperregulación consume tiempo y recursos, genera incertidumbre e inseguridad jurídica. La legislación, que debe impulsar la riqueza de un país, no puede ser el factor que la limite.

Texto: Sonsoles Rubio •
Presidenta del Instituto de Auditores Internos •

Recientemente se ha publicado un informe de Cepyme sobre Crecimiento Empresarial donde se señala la gran barrera que supone al crecimiento pasar de 49 empleados a 50. Sólo un trabajador más marca la diferencia entre una burocracia asumible frente a una verdadera carrera de obstáculos regulatoria, lo que se conoce como la “maldición del empleado 50”. Una muralla burocrática que limita el crecimiento empresarial en nuestro país y que debería hacer reflexionar a las administraciones. Y es que, aunque está claro que el objetivo de cualquier regulación busca un fin beneficioso para la sociedad o determinado colectivo, en ocasiones -si es excesiva, no está bien diseñada o no está clara- puede tener el efecto contrario y desencadenar resultados indeseables. Nos encontramos en un mar normativo donde conviven muchas regulaciones, europea, estatal, autonómica y local y donde, en ocasiones podemos encontrar incluso discrepancia entre ellas. No es nuevo y son muchas las voces que se han levantado en contra de la avalancha regulatoria que estamos viviendo, desde la CEOE, que ya advertía en 2015 que el ritmo regulatorio hace más difícil a las empresas poder centrarse en sus negocios siendo necesario reducir el entramado legislativo, hasta la propia Comisión Europea, que aboga por la simplificación normativa reconociendo la necesidad de legislar de una manera más razonable e inteligente o, más recientemente, la propia Comunidad de Madrid con la creación del canal Línea Abierta contra la Hiperregulación y desde el que reconoce que la burocracia “provoca frustración, retrasos, costes económicos e ineficiencia”.