“Deben contribuir con algo más de un punto de PIB al crecimiento español y al diferencial positivo respecto al europeo en estos últimos tiempos”.

En Galicia no se cree en meigas, pero haberlas, hailas. Algo semejante ocurre con la unidad europea, hay quien cree que se trata de un mal invento que resta soberanía y capacidad a cada socio. Pues no, añade capacidad y futuro. Buena prueba fueron los fondos de cohesión que permitieron a España, al poco de formar parte de la Unión, abordar las inversiones pendientes para dotar al país de infraestructura física imprescindible para el crecimiento. La depresión de 2008-10, consecuencia de la crisis financiera y los excesos de años antes, y luego el efecto del COVID19 sobre la economía llevó a la Unión Europea a la puesta en marcha de la mayor acción de recuperación económica de su historia, bajo la denominación Next Generation EU, con recursos captados en el mercado por la propia Unión: 750.000 millones de euros a repartir entre todos los estados miembros para invertir de inmediato (plazo máximo 20026) en actividades relacionadas con la innovación, el cambio climático, la soberanía estratégica y a la postre con la productividad europea, seriamente comprometida por las economías asiáticas e incluso la norteamericana. A la economía española (8% de la unión) le corresponden 163.000 millones de euros (22% del total) por haber sido la más afectada por la depresión. Fondos que se deben adjudicar conforme al sistema articulado por la Unión Europea para una gestión eficaz. Sin duda un regalo de cielo (uno de esos beneficios caídos del cielo que tanto molestan al gobierno Sánchez y que le animan a establecer impuestos extraordinarios). Los fondos existen y están a disposición de los proyectos presentados por las autoridades españolas como elegibles y materializables de inmediato. Nunca antes la economía española había recibido un apoyo externo tan concreto y preciso. Sólo queda una gestión equivalente en eficacia y consecuencias como la de los fondos de cohesión recibidos en menor cuantía y en mayor plazo durante décadas previas.

El gobierno se atribuyó en exclusiva y con bastante opacidad la gestión de los mismos y el balance sobre su eficacia es prematuro. Sí parece evidente que han sido los organismos públicos los primeros beneficiados de los recursos europeos, cubriendo el hueco inversor de los Presupuestos de los años de la crisis que sacrificaron en primer término la inversión, dando prioridad al gasto social. Una decisión de corto plazo con poco impacto en la productividad y en las exigencias de crecimiento a largo plazo. Los fondos NGUE deben contribuir con algo más de un punto de PIB al crecimiento, y de alguna forma así ha sido ya que en el diferencial positivo de crecimiento español respecto al europeo estos últimos tiempos -además del efecto recuperación desde tasas más bajas por la crisis- en algo deben contribuir las ayudas europeas a ese crecimiento. Es prematura la evaluación en términos de eficacia de los fondos NGEU en España (y en otros países) pero en el horizonte de 2026 podrá hacerse y se podrán pedir cuentas a quienes gestionan estos beneficios caídos de cielo y sus efectos sobre la sociedad española. De momento, ante la duda conviene abstenerse de juicios insuficientemente fundados.♦