Infinitas voces claman contra el secular desequilibrio del comercio internacional, que impide a países productores beneficiarse de sus materias primas. El predominio del mundo industrializado sobre los organismos reguladores frustra las ansias de nivelar los intercambios, según demostró en 2001 la Agenda de Doha, enésima propuesta de universalizar el libre comercio, arrumbada con la crisis de 2008. La impotencia de naciones empobrecidas desacredita a organismos como la OMC, dirigida por “una oligarquía de países ricos”, dice Ha-Joon Chang, profesor en Cambridge y especialista en economía del desarrollo.

Ejemplo prístino es el cacao. Desde que Hernán Cortés trajera a España los primeros granos en 1528, sus propiedades le convirtieron en apreciada y popular golosina, también imprescindible para elaborar ciertos cosméticos. Su creciente demanda alcanza hoy 4,7 millones de toneladas y un volumen de negocios superior a €90.000 millones anuales. Pero se deprecia cada campaña: cuarenta años atrás la tonelada valía 4.000$; ahora sólo 2.400$ (datos del sector). Inusitada quiebra para cultivadores de Costa de Marfil y Ghana, productores del 60% del cacao mundial, cuyos jornaleros ingresan 0,70€ diarios, precio de una barrita de chocolate, apenas un tercio de los 2,51$ considerados umbral de pobreza. Tras el reciente fracaso del acuerdo para conseguir retribuciones dignas en las transacciones euro-africanas, lamentaba Jon Walker, asesor de Fair Trade International, agrupación de ONGs defensoras del comercio justo: “¿Cómo respetar los demás derechos fundamentales si no se reconoce el derecho humano a un ingreso vital?”

Ambos Estados africanos crearon en 2019 el Diferencial de Renta Decente (DRD), canon de 400$ por tonelada exportada que paliaría el déficit de sus agricultores, compensaría la volatilidad de los precios internacionales y erradicaría el trabajo infantil. Si el entusiasmo suscitado subió la cotización un 6,5%, la reacción de lobbys interesados causa efectos perversos: atribuyeron prácticas fraudulentas a multinacionales del sector para reducir la demanda y burlar el impuesto. Ellas lo niegan, aunque es evidente la severa contracción de la demanda desde 2020. Reducir la prima diferencial anuló de hecho los beneficios, y la pandemia obliga a reembolsar unos €17 millones a los exportadores, casi todos extranjeros, vaciando los fondos destinados al campesinado.♦