Imaginar que la ejecución de los proyectos a los que se asignen los fondos europeos pueda rondar los modestos grados habituales de los presupuestos ordinarios da escalofríos

Sería interesante averiguar si alguien se acuerda del España 02050 que el presidente Sánchez –siempre presto al espectáculo– presentó allá por el mes de mayo del pasado 2021 (por cierto, nadie explicó el 0 inicial del grafismo y enseguida desapareció). Aquel pomposo acto suscitó las habituales reacciones de entusiasmo entre los suyos y valoraciones críticas del resto, incluida una larga ristra de memes, como siempre abarcando desde el ingenio a la zafiedad. Ese imaginario de país a treinta años vista parece que fue fruto del trabajo de un centenar de expertos, pero ninguno debió considerar que la reforma de las administraciones públicas fuera necesaria o cuando menos deseable para alcanzar el objetivo marcado: estar entre los mejores de Europa, mejor antes que después. Si entonces se pudo echar de menos, no faltan ocasiones ni polémicas, algunas bien actuales, para considerar que se hubiera debido incluir.

Tenga su lógica o no, Gobierno y oposición andan enzarzados en una ascendente disputa sobre la utilización y el reparto de los fondos europeos, consensuado maná posCovid para la pronta recuperación de la economía. Disputa, a la que también se ha sumado alguna comunidad autónoma no gobernada desde el Partido Popular.