A dos meses de que España asuma la presidencia rotatoria de la Unión Europea, el pleno del Consejo Económico y Social aprobó el 3 de mayo su “Informe sobre la gobernanza de la Unión Europea: Presidencia española 2023”. Es un documento prolijo, de 162 páginas, del que recogemos aquí los apartados finales, relativos a la gobernanza económica y a los avances necesarios para salir del impasse en el que se encuentra, en el que solo las grandes crisis -Covid, Ucrania…- parecen forzar acuerdos. Es un ejercicio de “wishful thinking” que tiene la virtualidad de poner negro sobre blanco las muchas lagunas y deficiencias que arrastra el proceso de integración.
Texto: Consejo Económico y Social de España
El texto completo está disponible en https://www.ces.es/informes
La propuesta de la Comisión, centrada en el diseño, aplicación y evaluación continua de planes fiscales y estructurales nacionales a medio plazo, supone un avance respecto al marco vigente porque da respuesta a gran parte de sus deficiencias: reduce sustancialmente su complejidad, se focaliza en el medio plazo, aumenta la implicación de los Estados y permite conciliar mejor sostenibilidad y crecimiento al dar mayor margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas.
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Reforma del marco de gobernanza económica y fiscal
La Comisión también propone una revisión del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, cuya gobernanza se basará en el diálogo reforzado entre la Comisión y los Estados.
El CES considera que tiene que haber un tratamiento equivalente entre todos los desequilibrios (fiscales, de balanza comercial, etc.), sean del signo que sean, incluidos en el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos.
“La Comisión propone como variable única de control el gasto primario neto, lo que simplifica bastante el marco de supervisión y permite la actuación estabilizadora del gasto en desempleo”
Respecto al marco fiscal, la Comisión propone como variable única de control el gasto primario neto, lo que simplifica bastante el marco de supervisión y permite la actuación estabilizadora del gasto en desempleo, aunque relega a un segundo plano la vertiente de ingresos del presupuesto.
Sin embargo, el CES considera que del mismo modo que se fija un techo de gasto estructural, se debería establecer un suelo de ingresos estructurales.
El nuevo sistema tampoco evita que surjan discrepancias metodológicas en torno a la estimación de las variables que siguen sin ser directamente observables, como el gasto cíclico en desempleo o el impacto estructural de las medidas tributarias, pero también, y de manera destacada, respecto a las propias proyecciones de la sostenibilidad de la deuda de cada Estado a las que se ancla todo el sistema y que deberán integrar la estimación de los efectos presupuestarios y sobre el crecimiento de las reformas e inversiones que se vayan comprometiendo.
Por ello, y para que la aplicación del nuevo marco de supervisión fiscal sea verdaderamente eficaz y elimine el riesgo de que las autoridades europeas den un trato diferenciado a los Estados, resulta crucial que unas y otros adopten metodologías comunes y transparentes previamente consensuadas.
En el marco de este diálogo bilateral reforzado, la propuesta comunitaria contemplaba una participación reforzada de las autoridades fiscales independientes nacionales, si bien el Consejo ha rebajado su papel excluyéndolas de la fase de diseño de los planes.
Aunque el alcance de la participación de las Instituciones Fiscales Independientes en el ciclo presupuestario está aún por definir, en opinión del CES debe quedar claro que sus funciones son esencialmente de asesoramiento y que no tienen capacidad formal para participar en la toma de decisiones de política económica.
Para potenciar el consenso y la corresponsabilidad en materia de política económica, se debería contemplar asimismo un papel más activo de los agentes sociales en el seguimiento de los planes fiscales y estructurales nacionales.
En todo caso, la sostenibilidad de la deuda pasa en muchos países, sobre todo los más endeudados, por la mejora de la eficiencia y la eficacia de sus políticas de gasto y de ingresos públicos.
En particular, en el terreno de la fiscalidad, la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2022/2523 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión, supone un importante avance en la lucha contra la planificación fiscal agresiva en el mercado interior, más teniendo en cuenta que ha debido aprobarse por unanimidad.
Con todo, si todas estas reformas no van acompañadas de la creación de instituciones presupuestarias supranacionales de calado y permanentes, sobre la base de un sistema de recursos propios reforzado y la emisión de deuda pública conjunta, resultan claramente insuficientes para afrontar los enormes retos externos e internos que debe encarar la Unión Europea en tanto que unión política, y a los que los Estados con sus propias capacidades fiscales no pueden dar respuesta, por mucho que coordinen sus políticas económicas y refuercen sus sistemas tributarios. Tal es el caso de la provisión de bienes públicos europeos en los ámbitos de la energía, la defensa, los suministros y materias primas estratégicas, la tecnología digital o la lucha contra el cambio climático, pero también de la articulación eficaz de políticas que garanticen la estabilidad macroeconómica y financiera de la Eurozona, que avancen en la construcción del mercado único, incluido el de capitales, y que propicien la convergencia económica y la cohesión social y territorial en el seno de la UE.
“El éxito de las recientes experiencias de mutualización de riesgos, ya sean las dirigidas a estabilizar la economía, como el SURE o el REACT-UE, o las adoptadas para transformar el modelo productivo, como el NGEU o el Fondo de Transición Justa, impensables antes de la pandemia, deberían servir de acicate para acometer reformas de calado en los Tratados”
En este sentido, el éxito de las recientes experiencias de mutualización de riesgos, ya sean las dirigidas a estabilizar la economía, como el SURE, el REACT-UE, o las adoptadas para transformar el modelo productivo, como el NGEU o el Fondo de Transición Justa, impensables antes de la pandemia, deberían servir de acicate para acometer reformas de calado en los Tratados que incrementen la capacidad presupuestaria de la Unión Europea, con el fin de que pueda impulsar y desarrollar políticas en los ámbitos que demandan actuaciones conjuntas.
En todo caso, dar pasos hacia una mayor integración presupuestaria implica cesiones de soberanía desde los Estados, lo que plantea la necesidad de reforzar sustancialmente las bases democráticas de la Unión Europea y la legitimidad de sus instituciones.
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Integración financiera
Desde la crisis financiera, el grado de integración financiera en la Eurozona se ha venido reforzando con el proyecto de Unión Bancaria, lanzado en 2012. Sin embargo, y a pesar del rápido avance logrado en los primeros años, todavía es un proceso incompleto. El principal obstáculo, de hecho, es la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).
“La Unión Bancaria es un proceso incompleto. El principal obstáculo es la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD)”
Las crisis surgidas a raíz de la pandemia o, más recientemente, de la guerra de Ucrania, han puesto de manifiesto la importancia de culminar la Unión Bancaria para evitar situaciones de inestabilidad financiera, al tiempo que contribuir a la resiliencia y la sostenibilidad económicas de la Unión.
Además, en el contexto actual de moderado crecimiento, alta inflación, tipos de interés al alza y endurecimiento de las condiciones financieras existe el riesgo de que aumente la inestabilidad bancaria y financiera. Las tensiones en los mercados y sistemas financieros internacionales en marzo de 2023 son un ejemplo de ello.
De hecho, se habla incluso de lograr una “Unión Bancaria reforzada”, que fomente la confianza y fortalezca la estabilidad financiera, condiciones necesarias para apoyar el crecimiento y las reformas a medio plazo, lo cual tiene aún más importancia en el contexto de las inversiones contempladas en el Next Generation EU.
Por todo ello, resulta necesario avanzar en el logro de la Unión Bancaria. Y ello requiere un mayor esfuerzo para alcanzar un compromiso político decidido que, además, reforzaría el proyecto europeo en sí mismo. Este compromiso debería orientarse a mejorar el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y resolución existentes y alcanzar sin dilación un acuerdo político sobre la creación de un Sistema de Garantía de Depósitos Europeo.
Asimismo, ante la vulnerabilidad que representa para el sector financiero la actividad del sector financiero no bancario, especialmente en el actual contexto de restricción monetaria, sería necesario alcanzar un acuerdo global para afianzar una supervisión de estas entidades y aplicar una política regulatoria macroprudencial con el fin de minimizar los riesgos de su actividad para la estabilidad financiera.
“Ante la vulnerabilidad que representa para el sector financiero la actividad del sector financiero no bancario, especialmente en el actual contexto de restricción monetaria, sería necesario alcanzar un acuerdo global para afianzar una supervisión de estas entidades y aplicar una política regulatoria macroprudencial con el fin de minimizar los riesgos de su actividad para la estabilidad financiera”
Por otra parte, la Unión del Mercado de Capitales que es un elemento clave para proporcionar recursos financieros de forma más amplia y diversificada a consumidores, empresas e inversores mediante un acceso a fuentes de financiación sólidas, eficientes y fiables, independientemente de su ubicación, pero también para respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU y, sobre todo, de cara a abordar las transiciones verde y digital. Todo ello, a su vez, contribuirá a impulsar el papel internacional del euro y fortalecerá la resiliencia de la UE.
Por ello, es necesario avanzar también en la Unión del Mercado de Capitales, que permita a la economía europea contar con mercados financieros amplios y profundos y movilizar el capital privado avanzando hacia un mercado de capitales más dinámico y competitivo a escala mundial, a corto y medio plazo. Ello permitirá, a su vez, movilizar las inversiones necesarias para abordar la transición verde y digital en marcha.
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Ayudas de Estado y mercado interior
Como ya sucediera con la pandemia de COVID-19, la UE se enfrentaba a un shock con un impacto asimétrico entre los socios comunitarios que, en esta ocasión, ha afectado más más a los países centroeuropeos dada su mayor dependencia energética de Rusia. Se adoptó un Marco Temporal de Crisis, prorrogado hasta finales de 2023, para permitir a los Estados miembros apoyar al tejido productivo más afectado por el incremento del coste de la energía. Pero el volumen de ayudas ha mostrado una mayor generosidad en aquellos países que cuentan con posiciones presupuestarias más holgadas y esas diferencias en la intensidad de las ayudas afectan al entorno competitivo en el que se desenvuelve la actividad empresarial, distorsionan el funcionamiento del mercado interior y pueden profundizar la divergencia económica entre los Estados miembros de la UE.
El CES coincide con la Comisión en que resulta fundamental encontrar soluciones comunes compartidas a escala de la UE, evitando respuestas nacionales fragmentadas que dependan del distinto margen de maniobra presupuestario de los Estados miembros. Es necesario preservar la integridad del mercado interior puesto que constituye uno de los mayores logros de la UE, en tanto que ofrece a la ciudadanía europea una gama más amplia de servicios y productos y mayores oportunidades de empleo, y a las empresas el poder acceder a un mercado más amplio que el de sus propios Estados miembros, estimulando el comercio, la competencia y la eficiencia, aspectos esenciales para impulsar la productividad.
Cabe recordar que las transiciones en la que está inmersa la economía europea necesitan, no solo un mercado único que funcione correctamente, sino también fuertes inversiones tanto públicas como privadas y garantizar una igualdad de trato entre los operadores europeos, y también frente a operadores mundiales.
Por consiguiente, resulta necesario adaptar y movilizar todos los instrumentos de la política de competencia para apoyar las transiciones ecológica y digital y que se dote de los instrumentos necesarios para afrontar la competencia extranjera en este contexto, evitando posturas proteccionistas puesto que podrían afectar negativamente a las personas consumidoras, así como a los procesos de innovación. El reto es lograr promover de manera equilibrada la competencia, la sostenibilidad y la resiliencia europeas, desafío que necesariamente requiere una revisión de las normas más acorde con la cambiante naturaleza de la competencia a nivel global. En este sentido, se debe avanzar en un modelo de ayudas de estado que permita competir con otros bloques a nivel internacional, que incida en una mejora de la cohesión territorial y vincule la actividad económica al territorio de la Unión Europea.
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Avances para fortalecer el pilar social en la gobernanza económica
En los escasos cinco años transcurridos desde que el Pilar europeo de derechos sociales fuera aprobado en la Cumbre de Goteburgo se han concatenado dos de las crisis mundiales más importantes de la historia reciente. Ello ha supuesto un verdadero test de estrés para la que ha constituido la iniciativa comunitaria más relevante de las últimas décadas dirigida a mejorar la integración económica y social.
Aunque el Pilar social ha supuesto un cambio notable en las políticas europeas, y a pesar de haber mostrado su potencial para lograr frenar el impacto de la pandemia en los mercados de trabajo, sigue habiendo interrogantes sobre su capacidad y eficacia en el medio plazo para lograr sus objetivos para el año 2030, y no sólo por las incertidumbres económicas existentes, sino por el papel del Pilar social en la gobernanza económica de la UE.
A este respecto, y como ya se ha señalado en anteriores ediciones de este informe, los esfuerzos que ha venido realizando la Comisión Europea en los últimos años para reforzar la dimensión social europea, dado el principio de subsidiariedad, seguirán estando sujetos a la disposición de los Estados miembros a emprender políticas en estos ámbitos. Se trata de un aspecto relevante si, además, se tiene en cuenta que las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis generada durante la pandemia son de carácter temporal.
“Sería interesante avanzar en la consolidación de mecanismos de estabilización automática estables. El SURE fue una medida de urgencia que demostró ser eficaz para combatir el impacto social de la pandemia y que podría servir de base para consolidar mecanismos estables de estabilización supranacional, como la protección por desempleo mutualizada”
Sería, pues, interesante seguir avanzando hacia la consolidación de mecanismos de estabilización automática estables. El SURE fue una medida de urgencia que demostró ser eficaz para combatir el impacto social de la pandemia en las rentas de los hogares y que podría servir de base para consolidar mecanismos estables de estabilización supranacional, como la protección por desempleo mutualizada que, bajo el cumplimiento de determinados requisitos o condicionalidad en el mercado laboral, permitan hacer frente a futuras crisis sin tener que pasar por la incertidumbre de acuerdos políticos.
El nuevo esquema de gobernanza económica dota de una mayor flexibilidad temporal a los Estados moderada o gravemente endeudados, siempre y cuando éstos adquieran compromisos de reformas e inversiones que aborden entre sus prioridades las establecidas en el Pilar social. Siendo esta una novedad positiva para incentivar la dimensión social de los Estados miembros, la referencia al Pilar es ambigua y exenta de objetivos concretos.
Esta ambigüedad es más acusada si se tiene en cuenta que los objetivos establecidos por el Plan de acción para el año 2030 se limitan a señalar el incremento mínimo que debería registrarse en la región en su conjunto, no realizándose orientaciones nacionales más especificas, estando sujetos pues a los compromisos adquiridos por los países.
Por todo ello, sería interesante dotar de mayor peso al Pilar europeo en el Semestre Europeo estableciendo objetivos más concretos y ambiciosos que, bajo el principio de subsidiariedad, permitan garantizar unos niveles mínimos de bienestar a nivel europeo. A este respecto, sería deseable que se estableciera una selección de objetivos e indicadores del Social Scoreboard del Pilar, que incorpore con carácter transversal la perspectiva social (ej.: niveles de empleo y calidad del mismo, desigualdad, pobreza, en especial la pobreza infantil,) así como la perspectiva medioambiental y digital, con el ánimo de avanzar hacia transiciones justas que no dejen a nadie atrás.
En paralelo, y en aras de avanzar hacia la convergencia social, podrían establecerse mecanismos de supervisión de dichos objetivos e indicadores sociales, (parejos a otros ya existente como el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico), habida cuenta de su influencia en las finanzas públicas y, por ende, en la estabilidad macroeconómica de los Estados miembros.
Igualmente, los mecanismos de supervisión podrían incentivar la incorporación de las evaluaciones de impacto redistributivo de algunas políticas, para de este modo fomentar la implementación voluntaria de dichas evaluaciones.
Asimismo, si bien la implicación de los interlocutores sociales en el proceso de gobernanza ha ido aumentando progresivamente en el marco del Semestre Europeo, sigue siendo necesario avanzar para lograr una participación plena, tanto a nivel comunitario como nacional. El diálogo social con los interlocutores sociales más representativos a nivel comunitario y nacional constituye una pieza clave en este proceso de mejora de la dimensión social en la gobernanza económica para lograr una convergencia social al alza que encamine a la UE hacia economías inclusivas y socialmente integradas.
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Promoción y protección del Estado de Derecho en la UE
La Comisión ha puesto en marcha en los últimos años medidas de relevancia para reforzar la capacidad de la UE de promover y proteger el Estado de Derecho. Así, creó en 2020 un Mecanismo del Estado de Derecho de carácter global y preventivo, en cuyo contexto publica informes anuales sobre el Estado de Derecho en la UE. Además, desde 2021 el presupuesto de la Unión cuenta con un nivel adicional de protección para los casos que incluyen violaciones de los principios del Estado de Derecho, denominado “régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE”.
La firme defensa del Estado de Derecho ha de continuar ocupando un lugar central en la actuación de la UE, máxime en un contexto de creciente fragmentación política y de un discurso autoritario y crítico con el proceso de construcción europea y los valores de la Unión por parte de algunos Estados miembros.
El auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas y activistas constituyen los principales retos a enfrentar por la democracia en la UE. En este contexto, la Comisión ha puesto en marcha recientemente medidas de relevancia para reforzar la democracia en Europa.
Así, está lanzó en 2020 el Plan de Acción para la Democracia Europea. Además, entre 2021 y 2022, tuvo lugar la “Conferencia sobre el Futuro de Europa” (CFE), que fue un ejercicio único de democracia participativa, de una magnitud y alcance sin precedentes, de cara a la participación de la ciudadanía europea en la toma de decisiones de la UE.
La democracia europea no puede darse nunca por conquistada, por ello se ha de cultivar y proteger siempre y, en especial, cuando se vienen registrando retrocesos en materia de igualdad, con especial repercusión negativa para las mujeres y el colectivo LGTBI y máxime, en el contexto actual de guerra en Ucrania. La transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía son clave para que ésta continúe aumentando su confianza en la UE y su respuesta a la guerra en Ucrania.
RETOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE LA UE
El primer desafío para la UE es lograr que la guerra en Ucrania no se enquiste dado que supone la pérdida de vidas humanas, la distracción de recursos hacia el esfuerzo bélico y una fuente de inestabilidad política y económica. Sería deseable, por ello, alcanzar, lo antes posible, un acuerdo de paz que restituya la convivencia en Europa.
El conflicto y su prolongación han intensificado los debates sobre los desafíos de medio y largo plazo a los que se enfrenta la Unión Europea en un entorno global convulso e incierto; y en un contexto, además, en el que el bloque europeo no ha logrado definir con claridad su papel como potencia geopolítica. Además, los retos y desequilibrios globales se interrelacionan, es decir, ejercen bastante influencia los unos sobre los otros y entroncan con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que su abordaje exige un enfoque holístico e intersectorial que recurra a soluciones cooperativas y solidarias.
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Retos politicos de la extensión del conflicto
La unidad en la respuesta de la UE frente a la agresión rusa contra Ucrania es un giro de 180o en la caracterización de la UE respecto a su papel político como actor internacional. La agresión rusa contra Ucrania se ha considerado como un momento decisivo para el despertar de una “Unión geopolítica”, sobre la que existen, sin embargo, muchas incógnitas. Por un lado, la disparidad de posiciones intracomunitarias frente al conflicto y las alianzas que ha reavivado y, por otro, el escaso seguimiento que han tenido las sanciones a Rusia por parte del resto del mundo, especialmente por el Sur Global. Todo ello unido, además, a la necesidad de que la UE encuentre su lugar en el actual proceso de reglobalización asegurando, a su vez, un mayor grado de autonomía estratégica.
Para lograrlo, este Consejo considera que se necesita que los Estados miembros compartan la misma visión sobre los riesgos y retos estratégicos a los que se enfrentan. Se debe evitar que la divergencia en las posiciones y opiniones entre los Estados miembros abran nuevas brechas dentro de la UE, lo que dificultaría aún más la toma de decisiones geoestratégicas, máxime teniendo en cuenta el creciente carácter intergubernamental de las mismas. De ahí que avanzar en la unión política resulte clave para conjurar estos riesgos y avanzar hacia una Unión más geopolítica.
Asimismo, el conflicto bélico ha reavivado el proceso de ampliación de la UE con las solicitudes formales de Ucrania, pero también Georgia y Moldavia, sacando a la luz nuevamente el debate sobre la capacidad de absorción de la UE. Además, esta eventual ampliación podría acelerar el proceso de ampliación en los Balcanes Occidentales e incluso reactivar el proceso de ampliación con Turquía.
En opinión del CES, la adhesión de nuevos Estados miembros exigirá una profunda reforma previa de las instituciones comunitarias, de su arquitectura, para garantizar que el proceso de toma de decisiones no quede lastrado hasta hacerlo inoperante.
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Las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre la política migratoria europea
La invasión rusa de Ucrania ha provocado un desplazamiento de personas refugiadas sin precedentes. Ello ha servido para poner en práctica algunos elementos del Pacto sobre Migración y Asilo que ya estaban en vigor. La respuesta a corto plazo ha sido muy positiva, reflejando la solidaridad y unidad europea. No obstante, esta respuesta no está exenta de desafíos en el medio y largo plazo, tanto logísticos y de coordinación, como económicos. Asimismo, supone un reto para la propia integración social, que se producirá, además, de manera desigual, ya que no todos los Estados miembros están asumiendo la misma presión en número de personas refugiadas.
Por otra parte, la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo ha sido muy limitada y la mayoría de las propuestas del Pacto siguen pendientes de adopción. Destaca, en todo caso, la puesta en marcha de la nueva Agencia de Asilo, la presentación del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias y la adopción de la Directiva sobre la tarjeta azul de la UE. Aun así, se debería realizar un esfuerzo mayor para avanzar, sin demora, en todas las medidas recogidas en la hoja de ruta del Pacto sobre Migración y Asilo.
Una cuestión adicional es la instrumentalización que se pueda hacer de la política migratoria por terceros países. De hecho, esta cuestión se ha incorporado a la agenda europea. La Brújula Estratégica y el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN reconocen la instrumentalización de la migración como una amenaza híbrida. Ello ha generado distintas iniciativas que actualmente están en tramitación legislativa. En cualquier caso, habrá que ver cómo evolucionan en su adopción e implementación, sobre todo, en cuanto a potenciales riesgos y asegurar que la definición de la instrumentalización de la migración es lo suficientemente acotada como para que no haya un abuso de estos instrumentos por parte de los Estados miembros y que las propuestas puedan generalizarse a otros casos.
“La solidaridad mostrada con los refugiados ucranianos no parece un cambio estructural. Es más bien una excepción. La UE reacciona de manera diferente a la llegada de refugiados según su origen”
En todo caso, los retos a los que se ha enfrentado la Unión Europea en los últimos años no deben ralentizar el expediente migratorio y de asilo, cuando además todo apunta a un aumento de las migraciones climáticas en el medio plazo. La falta de avances significativos reside en la ausencia de acuerdo y voluntad política suficientes, situación que se remonta a la crisis de personas refugiadas de 2015.
La solidaridad mostrada con las personas refugiadas llegadas de Ucrania no parece, en este sentido, un cambio estructural. De hecho, se considera que la respuesta a la guerra es más bien una excepción y que la UE reacciona de manera diferente a la llegada de personas refugiadas en función de su lugar de origen.
La UE debería avanzar hacia una nueva diplomacia de la migración que resuelva las debilidades que presenta el actual enfoque de la política migratoria. Ello implicaría superar la externalización en el control de fronteras que debilita a la UE frente a terceros, evitar la politización de la migración que cuestiona a la propia UE al tratar de manera desigual a las personas solicitantes de asilo y refugiadas y, limitar los mecanismos de condicionalidad negativa en las relaciones con terceros países.
Además, en un contexto como el actual, de creciente competición geopolítica, la UE debería reforzar sus alianzas con el llamado Sur Global. Sería oportuno repensar también la dimensión exterior de la política migratoria y hacerlo desde una óptica de condicionalidad positiva, que ayude a la UE a reforzar sus vínculos con otros países.
Una política exterior favorable a la migración serviría a la UE para alcanzar sus objetivos geopolíticos, reduciría las vulnerabilidades señaladas anteriormente y, además, resolvería problemas reconocidos en el propio Pacto sobre Migración y Asilo, como la carencia de mano de obra que tiene la UE, en un contexto de envejecimiento demográfico.
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Seguridad y defensa. cambios de orientación y prioridades
La invasión rusa de Ucrania ha afectado a las prioridades de la UE, poniendo de relieve la importancia de las cuestiones de seguridad y defensa y, con ello, de la política común en estos ámbitos. El impacto de la guerra se refleja, sobre todo, en el cambio de orientación de algunos Estados miembros respecto a los ámbitos de seguridad y defensa. De hecho, tras el inicio de la invasión, distintos Estados miembros decidieron aumentar su gasto militar y otros replantearon su situación uniéndose a la política de defensa de la UE o solicitando su acceso a la Alianza Atlántica.
La guerra de Ucrania ha afectado a la orientación de la Brújula Estratégica de la UE -hoja de ruta para el desarrollo de la política de seguridad y defensa hasta 2030-. Su aprobación, prevista para marzo de 2022, se vio directamente golpeada por la invasión rusa de Ucrania y supuso el reconocimiento de la guerra en Ucrania como la mayor crisis de seguridad del continente en décadas. En la Cumbre en Versalles, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron reforzar las capacidades de defensa europeas y a partir de entonces se abordaron distintas iniciativas para lograrlo.
No obstante, el desarrollo de capacidades en materia de seguridad y defensa no es una cuestión nueva en el debate europeo, pero los objetivos que llevan planteándose desde hace décadas no se han visto materializados, existiendo numerosas debilidades ya antes de la guerra de Ucrania, por la fragmentación, las duplicidades y la falta de interoperabilidad entre sistemas y capacidades.
De ahí que, en opinión del CES, resulte necesario reducir las duplicidades y aumentar la eficacia por parte de los Estados miembros a la hora de hacer frente a amenazas conjuntas; lo que, a su vez, debe ir de la mano de garantizar la interoperabilidad entre sistemas. Todo ello, además, contando con una mayor simplificación y agilización de estructuras y procedimientos.
Se considera positiva la voluntad demostrada por la UE y los Estados miembros de encontrar sinergias entre diferentes ámbitos y adoptar un enfoque más amplio que entienda que la seguridad y defensa es más compleja, como muestran las iniciativas en amenazas híbridas, de manera que se necesita una visión de carácter estratégico.
Ninguna de las actuales limitaciones en materia de seguridad y defensa puede resolverse sin la voluntad política de los Estados miembros. La credibilidad de la política de seguridad y defensa europea y de la UE ante sus socios internacionales depende estrechamente del refuerzo de las capacidades de defensa y disuasión. De hecho, uno de los elementos centrales en el debate en torno a la política exterior europea y, con ello, la política de seguridad y defensa es la cuestión de la autonomía estratégica, es decir a la capacidad de la UE para actuar de manera independiente y autónoma, siendo uno de los puntos de mayor controversia el relativo a la relación con la Alianza Atlántica.
La UE debe encontrar el modo de conjugar una mayor independencia en la relación con EEUU y la OTAN, con un refuerzo de la cooperación con ellas. La UE necesita internamente alcanzar un acuerdo sobre el significado exacto de la autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa antes de abordar una redefinición de su relación con el socio atlántico.
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Dependencias económicas estratégicas de la UE
La guerra en Ucrania ha provocado disrupciones en las cadenas de aprovisionamiento, de energía primero, y de materias primas agroalimentarias y agroindustriales después, han sacado a la luz los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la industria europea en el contexto actual de globalización y han reavivado el debate sobre la necesidad de reducir las vulnerabilidades estratégicas de la UE. Abordar estratégicamente estas dependencias resulta esencial a la hora de lograr los objetivos planteados en la “doble transición” digital y medioambiental en la que está embarcada la UE.
La UE debe mejorar la estabilidad, promover la diversificación y la resiliencia de las cadenas globales de valor en las que está integrada, pero sin que ello suponga poner en riesgo las ganancias en eficiencia que proceden de la especialización y la explotación de las ventajas comparativas en el comercio internacional. El conocimiento y la apropiación del conjunto de las cadenas globales de valor resultan clave para mejorar la resiliencia de las economías ante shocks adversos imprevistos.
Esta reorientación de la política comercial debe contar con cierta unidad de acción de los Estados miembros, cuestión nada baladí, puesto que deben acordar conjuntamente qué grado de dependencia mantener con terceros países, sobre todo con China, o qué posicionamiento debe tomar la UE respecto al desacoplamiento entre las economías estadounidense y china. La UE se enfrenta, asimismo, al reto de tratar de alinear el interés comunitario de reducir las dependencias estratégicas con los intereses de las empresas privadas.
Para enfrentarse a las dependencias estratégicas el CES propone un reajuste productivo que involucre a la política industrial de manera permanente y coordinada. Se necesita una acción más decidida a favor de una política productiva común que permita recuperar el terreno frente a otros grandes bloques o economías donde se ha promovido abiertamente.
En este sentido, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia constituye un buen punto de partida y su consolidación podría sentar las bases para instaurar una política industrial común adaptada a los retos globales a los que se enfrenta Europa, principalmente la doble transición digital y energética. Se deberían dar avances de cara a crear un entorno regulatorio propicio para la promoción de los 14 ecosistemas estratégicos identificados por la propia Comisión: industria aeroespacial y de defensa, agroalimentación, construcción, industrias culturales y creativas, industria digital, electrónica, industrias de alto consumo energético, “energía y renovables”, salud, “movilidad, transporte y automoción”, “proximidad, economía social y seguridad civil”, comercio minorista, industria textil y turismo.
Debe recordarse, no obstante, que el éxito de cualquier estrategia industrial depende del grado de compromiso y cooperación entre la propia UE, los distintos Estados miembros, los interlocutores sociales, los sectores industriales y otras partes relacionadas con los ecosistemas industriales. En concreto, el papel de los interlocutores sociales resulta fundamental para la puesta en marcha de herramientas como las previstas por la futura Ley de Industria de cero emisiones netas, debiendo garantizarse su participación.
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La dependencia energética
En concreto, en cuanto a la dependencia energética, más de la mitad de las necesidades energéticas comunitarias se han venido cubriendo con importaciones netas, aunque con considerables diferencias entre los Estados miembros y, por lo general, una escasa diversificación en cuanto al origen de sus suministros energéticos, provocando una mayor exposición a riesgos geopolíticos.
Por ello, este Consejo considera que avanzar en el desarrollo de las energías renovables y en la transición energética es una manera, no solo de luchar contra el cambio climático, sino también de lograr un mayor grado de autonomía estratégica. Además, para evitar que el tránsito a unas energías limpias genere nuevas dependencias tecnológicas de determinados mercados, se deben concentrar los esfuerzos en la diversificación del suministro, el reciclado de productos y la potenciación de capacidades propias, en concreto en energías renovables, almacenamiento energético e hidrógeno renovable.♦
