“Las medidas anunciadas no llegan ni a cataplasma. Cada año faltan más viviendas y los precios (de alquiler o venta) siguen subiendo. Hacen falta suelo, grúas…”

En España existen casi 27 millones de viviendas para casi 19 millones de hogares (cinco con un solo residente), de las cuales veinte millones son residencia habitual de casi cincuenta millones de residentes, cifra que se alcanzará, muy probablemente, a finales del 2026. Aparentemente son cifras coherentes que en media suponen una vivienda para cada dos personas. Visión insuficiente que oscurece una realidad angustiosa para un número importante de familias de forma directa (migrantes, pobres y jóvenes con aspiraciones de emancipación). Que en España existe un problema grave de vivienda residencial es algo evidente que no admite excusa ni duda. Faltan viviendas, entre medio millón y un millón según estudios serios. Y faltan porque desde la última recesión no se han construido viviendas residenciales, ni se han adaptado a uso residencial instalaciones existentes nada o mal utilizadas. Además no existe un mercado eficiente de alquiler, que pasa también por nuevos edificios residenciales. Faltan viviendas de las llamadas sociales, para primera ocupación de jóvenes, para nuevas familias, para migrantes, incluso para mayores con necesidades de apoyo.

Se trata de un problema que no se resuelve con el simple juego de oferta y demanda y que requiere una actuación pública (política) urgente, inteligente y bien orientada. No es un problema inédito, lo hubo también a medidos del siglo pasado y se abordó con dificultades mayores que las actuales en términos financieros y tecnológicos. La carencia de vivienda supone externalidades negativas que van contra la competitividad, la movilidad social, el progreso y la felicidad de la sociedad. Además, el precio desorbitado de todas las modalidades de vivienda (en alquiler o propiedad) supone un drenaje muy dañino para el ahorro, el consumo y la inversión. Durante la última década (con gobiernos de distinto signo) el problema ha crecido hasta convertirse en urgente y agobiante. No se conoce respuesta eficiente al problema. Las medidas anunciadas reiteradamente por los gobiernos (en sus distintos ámbitos territoriales y competenciales) no han llegado ni a cataplasma. Los hechos son contundentes: cada año faltan más viviendas y los precios de compra y alquiler siguen subiendo.

Afrontar el problema exige segmentar los sectores críticos y abordar soluciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, el de los estudiantes fuera de sus domicilios familiares; o el de las primeras residencias de jóvenes por emancipar. Se pueden aplicar políticas fiscales de estímulo a los sectores más necesitados con efectos inmediatos. Se puede desanimar la presión a base de estimular nuevas construcciones, tarea que corresponde a los ayuntamientos, avaros de suelo y de ingresos. Y se puede hacer con carácter de urgencia y puesta en marcha inmediata que desaliente presión inflacionista y expectativas negativas. Aumentar en casi un millón la oferta de residencia es posible, se puede hacer con políticas claras y eficientes que no se queden en promesas, palabras y declaraciones huecas. Que supongan suelo, grúas y obra nueva o de reforma y adaptación, por ejemplo, de monasterios y conventos desocupados.♦