“El verdadero test de una democracia no es votar -como se ve en China, Rusia o Venezuela- es que la alternancia sea posible. Pero la alternancia puede hacerse prácticamente (no jurídicamente) imposible cuando el Gobierno succiona en su beneficio todos los instrumentos del Estado (justicia, administración, órganos reguladores y consultivos, empresas y medios de comunicación públicos), poniendo al frente personas cuya fidelidad política se valora muy frecuentemente por encima de su competencia técnica y profesional”.


Texto: Círculo Cívico de Opinión
Texto aprobado el 31 de marzo por este “foro de la sociedad civil, abierto, plural e independiente”.


La preocupación por la calidad de las instituciones y de la política en España no es de hoy; desde hace ya demasiado tiempo y desde diversos foros y tribunas no partidistas viene llamándose la atención sobre su deterioro gradual. El Círculo Cívico de Opinión, desde su misma creación hace ya más de un decenio, lo ha hecho, con pronunciamientos cada vez más acuciantes. Los más recientes, en octubre de 2020 y en febrero de 2021.

En la primera de estas ocasiones (Posiciones 39, “Alerta crítica: rectificar el rumbo de la democracia española”), señalábamos que “las tareas que hemos de afrontar (…) conciernen también al fortalecimiento de las instituciones y, en la medida de lo posible, a la creación de un nuevo consenso político que nos permita alcanzar cotas más elevadas de calidad democrática o, al menos, evitar la caída en una democracia iliberal, deslizamiento que, en alguna medida, ya ha comenzado”.

Cinco meses después (Posiciones 40, “España en estado de alarma: problemas y propuestas”) volvíamos a advertir cómo estaba procediéndose al “desbordamiento efectivo de los límites que señala la Constitución: abuso del decreto-ley y de los procedimientos legislativos de urgencia (…), postergación del Congreso de los Diputados, y no solo como órgano de control del Ejecutivo: el áspero enfrentamiento entre las fuerzas políticas lo han convertido más en una caja de resonancia de la crispación dominante que en el órgano deliberativo y legislador que debería ser (…).

Se da incluso la paradójica situación de que, entre los partidos políticos que permiten la gobernabilidad, algunos –Unidas Podemos, ERC y Bildu– no creen en las reglas ni en el modelo de Estado diseñados para llevarla a cabo.

Como ya hizo el separatismo catalán, se apalancan en el Estado, pero para “derribarlo”. España –concluíamos– “amenaza con deslizarse –ya sea por irresponsabilidad o ineptitud, ya sea por la prevalencia de ideologías populistas de uno u otro signo– por la pendiente que conduce a una democracia que incumple el principio fundamental de la separación de poderes y no es capaz de asegurar la cohesión interna y el buen funcionamiento de cada uno de ellos. Mantener esa orientación puede conducir a la senda de la desestructuración del Estado”.

Pues bien, el curso de lo acontecido en los últimos meses revela que las cosas empeoran, con menoscabo grave del orden democrático, tal y como lo concibe y expresa nuestra Constitución. Procedimientos y actuaciones con motivo, por ejemplo, del nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional o de la reforma del Código Penal –con desarrollos y resultados bien conocidos– confirman irrefutablemente esa deriva. A lo que se añade la recurrente división del Gobierno de la nación ante temas de gran trascendencia social. Urge rectificar.

Más justificadamente todavía que otras veces, conviene por eso volver sobre lo señalado repetidamente. El foco ha de ponerse de nuevo en los siguientes puntos:

El desbordamiento de la propia Constitución, cuyos mandatos y regulaciones están sufriendo una fuerte tergiversación. En algunos puntos requerirían modificaciones y puestas al día; pero mientras tanto la Constitución tiene que ser cumplida en su integridad.

Se ha asumido con toda normalidad una suspensión de facto de las reglas constitucionales cuando conviene a los intereses políticos inmediatos: no es posible aceptar que leyes susceptibles de ser declaradas inconstitucionales duerman en las listas de espera del Tribunal Constitucional porque durante todo el tiempo que esto sucede se puede estar dando preferencia a una norma inferior a la Constitución sobre la ley fundamental.

Esta marginación de la Constitución afecta al poder legislativo, que utiliza procedimientos y vericuetos que están al margen de su interpretación recta, y al poder Ejecutivo, que hace uso excesivo de instrumentos normativos, como los decretos-leyes, que suplantan la producción ordinaria de la legislación encomendada al Parlamento. Existe además una sobreabundancia de la producción normativa porque se ha aceptado la inestabilidad de las regulaciones y su cambio continuo como una regla normal.

Se están utilizando criterios para cubrir vacantes en los órganos constitucionales del Estado que prolongan y profundizan una ya larga tendencia a su ocupación por personas manifiestamente identificadas con quien controla el Ejecutivo.

De modo similar, la apetencia por controlar el funcionamiento de los órganos constitucionales y el de las comisiones reguladoras, que se definen constitucional y legalmente como independientes, es una querencia cada vez más acusada que debe evitarse.

El abuso del poder de las mayorías, olvidando que la democracia es un sistema de gobierno pensado, no solo para garantizar la soberanía popular, sino también para la protección de las minorías.


“Desfallece la división de poderes, ya que no existe independencia real de las Cortes Generales, controladas como están por los partidos que en cada momento forman la mayoría de Gobierno. El poder legisltivo está quedando reducido al simple acatamiento de las directrices que recibe del Gobierno o de la mayoría de control”


Desfallece la división de poderes, ya que no existe independencia real de las Cortes Generales, controladas como están por los partidos que en cada momento forman la mayoría de Gobierno. El poder legislativo está quedando reducido al simple acatamiento de las directrices que recibe del Gobierno o de la mayoría de control.

Un debate político desabrido, poco elocuente, repetitivo, carente de interés y de muy baja calidad dialéctica, que se traduce en hartazgo de la política de los ciudadanos en general.

Los partidos políticos tienden a aceptar políticas no previstas en los programas electorales, lo que provoca que los electores tengan una creciente sensación de desconcierto.

Repitámoslo: es necesaria una reacción rápida y sustancial de todos los partidos políticos que cambie este estado de cosas tan peligroso para la calidad de la democracia y de todas las instituciones en general, así como para evitar la creciente banalización del texto constitucional. Sin un adecuado funcionamiento de las instituciones, nuestro país perderá crédito internacional y nuestra economía, hasta ahora resistente al deterioro de la política, flaqueará a corto plazo, ya que ni los mercados ni los inversores tendrán la seguridad necesaria para operar con garantías.

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Y mientras, ¿qué piensa la ciudadanía?

Mientras en el escenario de la política la tensión no cede y los adversarios se consideran enemigos, ¿sabemos qué piensa la ciudadanía de todo ello? ¿Qué pasa en la calle? Quizá no haya modo mejor de explicitarlo que examinando la serie temporal del mismo CIS que mide la “confianza ciudadana en el sistema gobierno- oposición” desde 1997. Serie de datos que muestra un nivel razonablemente alto de confianza cercano o superior al 50% hasta el año 2004, cuando alcanza un máximo próximo al 60%. Pero inmediatamente empieza a descender ininterrumpidamente, hasta colocarse cerca del 20% diez años más tarde. Una caída de 40 puntos que recuerda la de un enfermo terminal o una empresa en quiebra.

Fecha importante la de 2004, ya que muestra que la crisis política comenzó antes de la crisis económica del 2008 y no es su consecuencia, como suele creerse.

La deslegitimación de nuestro sistema político afecta inevitablemente a la credibilidad de las instituciones. Así, los Eurobarómetros (verano del 2022) señalan que casi nueve de cada diez españoles desconfían de los partidos políticos, tres de cada cuatro desconfían del Gobierno y del Parlamento y no llegan a uno de cada dos quienes confían en la administración pública, la justicia o las autoridades locales o regionales.

Un todavía reciente estudio (Fundacion BBVA, octubre de 2022) lo confirma: la desconfianza en los partidos políticos supera el 70%, y la desconfianza en el Gobierno y en el Parlamento supera el 50%. Por el contrario, las instituciones que conservan su reputación son aquellas que están por encima o fuera de la política, como la Policía o el Ejército (75%).


“Según el CIS (diciembre de 2022) los españoles tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno (69%) y el líder de la oposición (61%). El “bloquismo”, los cordones sanitarios y la falta de diálogo entre derecha e izquierda son una impostación de los políticos, que no existe entre los representados. Para ganar las elecciones hay que ir al centro pero a la hora de articular mayorías esa ruta está cortada por bloqueos”


Especialmente adversa se ha ido haciendo la opinión sobre los políticos: no prestan atención a lo que preocupa a los ciudadanos (87%); carecen de ideas claras para solucionar nuestros problemas (84%); no tienen vocación de servicio público (81%) ni tienen experiencia necesaria (79%), y no actúan de forma honesta (75%) (Metroscopia, junio de 2022). Opinión que afecta a los líderes (CIS, diciembre de 2022): poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, un 69%; poca o ninguna confianza en el líder de la oposición, un 61%.

La consecuencia es que, si a comienzos de este siglo, menos de un 5% de los españoles mencionaba a “los políticos” como uno de los principales problemas de España, veinte años más tarde aparecen ya como el segundo principal problema, con casi un 50%. Y así, en el barómetro de enero de 2023, la “crisis económica” es el principal problema (20%), pero seguida por “los problemas políticos en general” (15,2%). Añádase otro 10% que cita “el mal comportamiento de los políticos”, otro 9% que menciona “el Gobierno y partidos políticos concretos”, e incluso otro 3% que menciona “lo que hacen los partidos políticos”, de modo que, sumando todas estas respuestas, la política constituiría muy probablemente el principal de los problemas de España hoy, por encima de la crisis económica y el paro.

Si el problema son los políticos, ¿qué es lo que se rechaza? La respuesta es evidente: el contraste entre el discurso radical y polarizador que se percibe en el escenario político, por una parte, y la moderación de la ciudadanía, que se siente olvidada y menospreciada en sus problemas. Como acreditan de nuevo las series históricas del CIS, la autoubicación ideológica media del electorado prácticamente no ha cambiado desde 1976, situándose en el centro-izquierda (entre un mínimo de 4,5 y un máximo de 5 en una escala de 0 a 10). Así lleva más de 40 años, y ahí sigue.

Si acaso ha crecido el número de ciudadanos que se sitúan en la extrema izquierda, el doble de los que lo hacen en la extrema derecha. No hay una acusada polarización en el electorado, pero sí la hay, y de qué modo, en el Parlamento. Paradójico diagnóstico: quienes tienen que resolver los problemas de España son vistos como uno de los principales problemas, con el riesgo de alimentar actitudes populistas que ello supone.

Un sondeo de Metroscopia del año 2017 recogía a la perfección este deseo de consenso contrastando el presente con el recuerdo –quizás teñido de rosa desde la nostalgia– de la Transición. Transcribimos dos preguntas y los resultados sin mayor comentario:

Volviendo la vista atrás, ¿diría que el modo en que se llevó a cabo la Transición… constituye un motivo de orgullo para los españoles? De acuerdo, 81%.

¿España necesita en estos momentos volver al espíritu de pacto y concordia de los años de la Transición para hacer frente con éxito a los problemas actuales y llevar a cabo las reformas sociales y políticas que ahora se necesitan? De acuerdo, 86%.

Cabe, pues, concluir que el “bibloquismo”, los “cordones sanitarios” y la falta de diálogo entre la derecha y la izquierda son una impostación de los políticos, que no existe entre los representados. Se dice a veces que los políticos hacen seguidismo de las encuestas. Ojalá lo hicieran, pues moderarían su discurso y buscarían pactos, acuerdos y consensos.

La paradoja de la articulación política actual de España es que, si bien para ganar las elecciones hay que ir al centro buscando la mayoría del electorado (como ha ocurrido siempre), a la hora de articular mayorías de Gobierno esa ruta está cortada por bloqueos: la impostada confrontación ideológica entre la derecha y la izquierda hace que solo se puedan hacer pactos en los extremos. Y el resultado son gobiernos radicalizados administrando a ciudadanos que no lo están: no lo están ahora y hoy, pero puede que acaben estándolo, arrastrados por el agresivo discurso y la extremosidad de no pocos políticos.

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El verdadero test de la democracia

El deterioro de la democracia española empieza a ser tan perceptible que se ha podido escribir por analistas relevantes que estamos ante un “fin de régimen”, el fin del “sistema de 1978”. “Democracia menguante”.

Sabemos que hay dos tipos de asaltos a la democracia. El clásico, siglo XIX, con los rebeldes o revolucionarios ocupando por la fuerza la sede del Parlamento, un suceso vistoso que es claramente percibido por la población. Es lo que se intentó en España el 23F y lo que vimos el 6 de enero del 2022 en Washington. Los ejemplos podrían multiplicarse.

Pero en la democracia moderna no se produce propiamente un asalto, sino un deterioro progresivo, lento pero continuo, que poco a poco va sentando las condiciones para hacer imposible que la oposición pueda obtener una mayoría alternativa. No hay un evento, un suceso, una decisión, que alerte la conciencia y muestre luces rojas. Al contrario, cada paso del deterioro parece ser reversible en sí mismo, y se puede pensar que ya se arreglará el desaguisado más adelante con otra mayoría. El resultado es que la suma de todos esos pequeños pasos dificulta progresivamente dar marcha atrás.

El verdadero test de una democracia no es votar, una conducta cada vez más manipulable, como vemos en Rusia, China o Venezuela, o como sufrimos en España durante la dictadura del general Franco. El verdadero test es que el sistema permita un equilibrio de oportunidades políticas entre Gobierno y oposición de tal modo que la alternancia sea posible. Eso, el respeto de las minorías, es el verdadero test de una democracia.

Equilibrio de oportunidades que será garantizado por la neutralidad de numerosos órganos públicos, desde la administración del Estado a los tribunales ordinarios, pasando por la fiscalía, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los medios de comunicación y las empresas públicas, etc. Así está diseñado en la Constitución, un equilibrio y distribución de poderes que ata al Gobierno no menos que a la oposición.

El Gobierno no es el propietario del Estado y no puede ocuparlo para gestionarlo a su gusto. Es solo la cúspide del poder ejecutivo del Estado, y un administrador provisional, pues debe mantenerlo para cederlo al ganador de las siguientes elecciones. Pero la alternancia puede hacerse prácticamente (no jurídicamente) imposible cuando el Gobierno succiona en su beneficio todos los instrumentos del Estado (justicia, administración, órganos reguladores y consultivos, empresas y medios de comunicación públicos), poniendo al frente personas cuya fidelidad política se valora muy frecuentemente por encima de su competencia técnica y profesional.

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Por un nuevo consenso político

Se ha producido una profunda brecha de confianza en el espacio político que, más allá del mismo Parlamento, afecta también a muchas instituciones. Es esencial contar con un nuevo consenso político que permita dotarnos de un Gobierno homogéneo, capaz de afrontar reformas de calado –en economía, en sanidad, en educación y en tantos otros ámbitos– que no pueden demorarse. Y hacerlo alejándonos del riesgo de la antipolítica y de que la polarización entre partidos acabe contagiando a los ciudadanos.


“España no puede seguir deslizándose por la espiral del enfrentamiento, la que lleva a la estigmatización del contrario, al conflicto. Como indican los sondeos, la mayoría de los españoles son moderados y desean vivir en un ambiente sosegado, trenzando acuerdos para lograr avances, Se requieren acuerdos entre los grandes partidos y revertir el clima actual de descalificación global del adversario”


España no puede seguir deslizándose por la espiral de enfrentamiento, la que lleva a la estigmatización del contrario, la que lleva al conflicto. Hay que serenar el discurso político. España tiene un armazón institucional con una ya larga tradición de hábitos y normas, con funcionarios competentes y con centenares de miles de profesionales, de empresarios y de trabajadores, que sostienen el tejido productivo de nuestra economía.

Como indican los sondeos, la mayoría de los españoles son moderados y desean vivir en un ambiente sosegado trenzando los acuerdos necesarios para lograr avances. Todo menos retrocesos; todo menos confrontación.

Por eso, el Círculo Cívico de Opinión se reafirma en lo que ha venido sosteniendo desde primera hora: la apuesta por una cultura de pacto y por un compromiso de regeneración democrática de las instituciones políticas. Apuesta y compromiso que requieren inevitablemente acuerdos entre los grandes partidos de nuestro escenario político. Y, desde luego, revertir el clima actual de descalificación global del adversario.♦