La UE ha emprendido una carrera contrarreloj para transformar su Ley Ómnibus en materia de Sostenibilidad. En aras de elevar la competitividad europea, Bruselas contempla ahora reglas más coherentes con los desafíos financieros globales y una menor carga burocrática. Justo cuando las multinacionales americanas suprimen sus retos contra el cambio climático a medida que la Administración Trump obstruye la transición renovable.

El panorama de la UE en materia de informes de sostenibilidad y diligencia debida se encuentra en constante evolución tras la fase de revisión a la que la Comisión Europea ha sometido desde finales de febrero a su Ley Ómnibus de Sostenibilidad”, explican los letrados de A&O Shearman, el despacho fruto de la fusión entre Allen & Overy y Shearman & Sterling, que avisan que nunca es un buen momento para transformar esos cajones de sastre que siempre son esta amalgama de normas que tratan de unificar requisitos de difícil conjunción práctica en torno a una temática concreta.

En este bufete achacan en parte este súbito viraje a la versión Trump 2.0 y su agresiva maniobra para desarticular el entramado legislativo, el elenco de subsidios y la planificación estratégica hacia las energías renovables de la Administración Biden. Pero también a la necesidad de que el mercado interior, como han proclamado casi al unísono los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, engendre la suficiente competitividad para rivalizar con EEUU y China en el orden mundial.

La readaptación normativa de la UE también se ha propuesto aplicar más coherencia regulatoria y reducir las cargas burocráticas. Entre otras, del Reglamento sobre Taxonomía, de la Directiva sobre la Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y de la Directiva sobre la Debida Diligencia Corporativa en Sostenibilidad (CS3D). A través de varios parámetros esenciales. Crear un marco legal claro, sencillo e inteligente que catapulte la productividad y competitividad y fije requerimientos factibles, dentro de un espacio común en el que más de seis de cada diez firmas consideran la regulación como un obstáculo para la inversión, y el 55 % de las pymes la señalan, junto a los trámites administrativos, como el mayor de los desafíos” de sus negocios es el de mayor calibre. Entre otras razones, porque contiene una especial crítica: “la transferencia de las exigencias de los informes de sostenibilidad desde las grandes empresas a los proveedores de su cadena de valor, lo que puede generar riesgos de sobrecumplimiento y sobreinformación».

Pero hay más. Por ejemplo, la simplificación de áreas identificadas como gravosas en la iniciativa Omnibus y que el sector privado demanda transformar como la reducción de la lista de empresas afectadas por sus normativas y su efecto extraterritorial; posponer los plazos de solicitud de la CSRD; eliminar o pausar el desarrollo de nuevas normas de información o rebajar el número de datos requeridos. En concreto, la supresión del Índice de Activos Verdes del Reglamento de Taxonomía, por preocupaciones en torno a la interoperabilidad internacional, definiciones poco claras como el principio de no causar daño significativo o metodologías complejas entre las que se encuentran las actividades de transición o brechas armonizadoras sobre plazos e información.

Además del CSRD, el CS3D y el Reglamento sobre Taxonomía, el informe Draghi identificó otras leyes que desvelan cargas regulatorias excesivas en Diligencia Debida en los reglamentos sobre la divulgación de información financiera sostenible (SFDR), sobre el diseño ecológico de bienes sostenibles, en la Directiva sobre emisiones industriales o el sistema de comercio de Derechos de Emisión y el registro de análisis, autorización y restricción de sustancias químicas.

UN ÓMNIBUS EN CONSTANTE REVISIÓN
En la actualidad, el pack Ómnibus de Sostenibilidad está en “constante evolución”. Su primera ITV técnica se produjo en mayo tras la directiva Detener el Reloj que entró en vigor en abril (Directiva 2025 (UE) 2025/794 o STC) y que recoge una relajación del 35% de las cargas administrativas para las pymes. Así como la corrección de los llamados Borradores de Normas que sustituyen a las normas de Responsabilidad Social Corporativa ESRS y que ahora eliminan los considerandos menos substanciales de los informes de sostenibilidad, prioriza datos cuantitativos sobre el texto narrativo y distingue con más claridad la información obligatoria y relevante de la voluntaria.

El BCE ha instado a Bruselas a tener listos los cambios en la CSRD y la CS3D antes de que finalice 2025, con un «marco de información sostenible bien calibrado» y con el que «los partícipes del mercado puedan valorar adecuadamente sus riesgos financieros

Como paso previo a su publicación entre agosto y septiembre, tras la consulta pública abierta, y a la finalización de la revisión total en octubre que invocan socios como Alemania o Países Bajos para justificar los retrasos en sus respectivas tramitaciones de trasposición parlamentarias y así cumplir con el dictamen del BCE en el que insta a Bruselas a tener listos los cambios en la CSRD y la CS3D antes de que finalice 2025 con “un marco de información sostenible bien calibrado” y con el que “los partícipes del mercado puedan valorar adecuadamente sus riesgos financieros”.

Aunque desde organizaciones como European Environmental Bureau (EEB) instan a Bruselas a mantener el rumbo de la Agenda Verde europea sin socavar las ambiciones medioambientales de la UE y alertan de que los cambios en la Ley Ómnibus pueden servir de puerta trasera para una desregulación de la responsabilidad corporativa bajo el pretexto de la simplificación de los trámites legales. Un objetivo que aplaudiría la Administración Trump, que no duda en implantar herramientas arancelarias en este terreno para combatir las reglas europeas ESG y que, a juicio de sus responsables de Energía y Comercio, atentan contra las inversiones americanas en la UE por sus elevados estándares regulatorios y critican el ritmo que los capitales sostenibles hacia la neutralidad energética del mercado interior alcanzaron en 2024.

Quizás la voz más contundente en este sentido haya sido la del secretario de Comercio Howard Lutnick, brazo ejecutor de la política arancelaria de la legislatura Trump 2.0 y que se ha impuesto el desafío político de que Bruselas entierre la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDD, según sus siglas en inglés), emblema de la “carga burocrática excesiva” que también critican desde la Cámara de Comercio Americana (AmCham) a la que pertenecen socios como Ford, Exxon Mobil o Amazon, que exigen disponer de “libertad para ignorar las exigentes normas europeas hasta que se haya completado la revisión de sus requerimientos”.

Una vieja reivindicación, a juzgar por las quejas que Janet Yellen, responsable del Tesoro con la Administración Biden vertió contra el alcance “extraterritorial y las potenciales consecuencias negativas” hacia las firmas estadounidenses de los “los objetivos de alto nivel de la CDSD”. Ahora, la AmCham, pretende que Bruselas detenga los principales puntos de su marco ESG. Sin embargo, Lutnick va incluso más allá y advierte de que su departamento trabajará activamente para “evitar regulaciones excesivamente onerosas contra los negocios de las firmas americanas en el exterior”, porque lo que está en juego –precisó– “es la salvaguarda de nuestra industria y nuestro modelo productivo” y la situación “es grave”.

UN AÑO 2024 BOYANTE PARA EL CAPITAL ESG
En el conjunto del planeta, las carteras de inversión ESG llegaron, paradójicamente, a 29,86 billones de dólares, según Precedence Research, firma de análisis de mercado, un valor similar al del PIB de EEUU, rozando el objetivo de los 30 billones para 2030 y superando un trienio de paralización que acabó con una cifra de 25,13 billones en 2023. Sin embargo, bajo este clima será complicado que se alcancen las predicciones de Precedende que proyectan incrementos anuales promedios del 18,82% entre 2024 y 2034. Con Europa dominando el mercado de los fondos sostenibles que certifican los expertos de Morningstar.

El nuevo canciller alemán afirma que otras capitales europeas están de acuerdo en que la llamada directiva sobre la cadena de suministro, relativa a la debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa, debería derogarse: «No se puede simplemente posponer, iene que desaparecer»

Esencialmente, por dos motivos. Porque el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz ha levantado suspicacias entre la industria del acero o la eólica por su duda sobre los efectos de los subsidios verdes impulsados por Berlín, y su socio de coalición, los socialdemócratas de su antecesor, Olaf Scholz, vienen de cancelar un millar de proyectos renovables en el último tramo de la legislatura que concluyó en las elecciones del 23F. Y porque a lo largo de 2024 las principales gestoras, con BlackRock a la cabeza, han admitido que sus portfolios se han vuelto menos verdes y, por tanto, más propensos a engrosar activos fósiles por su mayor rendimiento bursátil en el último bienio, según su CEO, Larry Fink.

Desde 3Bee, compañía naturetech que desarrolla tecnología innovadora dirigida al negocio de la biodiversidad, lo más transcendental de estos cambios es que las nuevas directivas europeas sobre informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y Diligencia Debida “han redefinido tanto la agenda como el calendario ESG” con unas pautas “más graduales y eficientes”. Por ejemplo, sobre la información voluntaria a pymes y microempresas, requisitos de sostenibilidad integrada en el gobierno corporativo que valora el impacto de los factores ESG en la definición estratégica a largo plazo, lo que conduce este concepto no solo al ámbito regulatorio, sino que lo eleva hasta un umbral esencial para consolidar el negocio, la competitividad y el acceso al crédito del sector privado europeo, o la mera simplificación normativa y de riesgo ESG.

NUEVOS VIENTOS POLÍTICOS EN EEUU…

La Administración Trump ha puesto bajo escrutinio un cheque al portador de su antecesor en la Casa Blanca por un valor inicial de 15.000 millones de dólares, cuyo concepto de pago eran las subvenciones y otros apoyos otorgados por Joe Biden para modernizar las redes eléctricas e impulsar la fabricación de alta tecnología energética. El secretario de Energía, Chris Wright, es el encargado de ejecutar la orden presidencial, mediante unas actuaciones oficiales que supervisarán caso por caso para garantizar que los proyectos financiados durante el mandato demócrata sean financieramente sólidos, estén alineados con los intereses económicos y de seguridad de EEUU y sean coherentes con las políticas del actual inquilino del Despacho Oval.
Trump ha sido crítico con lo que denomina la Nueva Estafa Verde y con la que se refiere a los cientos de miles de millones de dólares en coberturas financieras federales para favorecer la transición energética y alcanzar las emisiones netas cero de CO2, así como a las iniciativas que premian la energía eólica marina y los vehículos eléctricos, a la vez que promueve el uso de petróleo, gas y carbón. Desde el equipo de Trump se quejan de que la Administración Biden se apresuró a desembolsar fondos en las últimas semanas de su gestión.
De momento, el viraje económico de Washington ha afectado a 179 proyectos y ha emprendido la realización de auditorías para detectar flujos de fondos adicionales hacia empresas del sector automotriz, eléctrico, de biocombustibles u otros segmentos productivos que se han visto favorecidos por el Green Deal estadounidense que deberán responder en el plazo de 30 días.

…Y EN EUROPA?

El canciller alemán ha puesto en riesgo la coalición con los socialdemócratas del SPD desde las primeras fechas de su puesta en escena al pedir la derogación de la ley de la UE sobre cadenas de suministro. El conservador Friedrich Merz (CDU) quiere que la UE derogue las normas diseñadas para obligar a las empresas a adoptar políticas sostenibles en sus cadenas de suministro, que entrarán en vigor a mediados de 2029.
Merz afirmó que Berlín y algunos otros socios del club comunitario coinciden en que la llamada directiva sobre la cadena de suministro, relativa a la debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa, debería derogarse. «No se puede simplemente posponer, tiene que desaparecer», declaró. Postura que no comparte el nuevo líder del SPD y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien insiste en la necesidad de las normas de la cadena de suministro aunque también en que garanticen que no serán demasiado engorrosas para las empresas y auguró: “seguiremos por este camino”. ◊