El 15 de octubre estarán en Bruselas los planes de reformas e inversión de los distintos gobiernos, cuya versión final se entregará en enero. Antes deben llegar los primeros fondos europeos, los del SURE (a España, 21.000 mn)

El PM galo, Jean Castex, anunció un plan por 100.000 mn, la cifra que le corresponde a Francia del Prodi, Fondo Carney, de Recuperación.

La UE llega al último trimestre del 2020 rodeada de incertidumbres y peligros sanitarios, en medio de una tensa negociación con Reino Unido sobre la definitiva desconexión de este país y sufriendo la peor contracción de su economía desde la II Guerra Mundial. Las estimaciones de la Comisión Europea cifran la caída del PIB de la eurozona en torno al -9%. El BCE acaba de mejorar su previsión hasta el -8%…
La extensa respuesta económica diseñada contra la crisis de la Gran Reclusión es el ancla a la que se agarra una UE que vive tiempos de gran turbulencia económica, política y geoestratégica. Y “la pandemia no solo ha evidenciado claramente nuestras vulnerabilidades”, explica el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, sino que también “ofrece oportunidades que la UE no puede permitirse el lujo de desperdiciar”.
Las prioridades a las que destinar todo el arsenal de recursos aprobados por Bruselas y que culminaron con la guinda del Fondo de Recuperación en la agónica Cumbre Europea del 17 al 21 de julio son la descarbonización, la transición digital y la inversión masiva en I+D, la investigación científica y sanitaria o la construcción de infraestructuras de nueva generación. Pero los 750.000 millones de euros gracias a la primera gran emisión de deuda mutualizada no son un ‘coge el dinero y corre’, como se empieza a recordar desde Bruselas a las capitales europeas.
El 15 de octubre estarán en la Comisión Europea los borradores de los ‘planes de reformas e inversiones’ de los gobiernos, cuya versión final se entregará en enero, para acceder a estas últimas ayudas europeas. A España le tocan 140.000 millones de euros que destinar durante al menos el próximo trienio a transición ‘verde’ y digital, cohesión económica, territorial y social.


“El 70% de las transferencias de la “Facilidad de Resistencia y Recuperación”, que con 670.000 mn es el grueso del Fondo, deben comprometerse en 2021-22”


A lo largo del mes de agosto, el Gobierno español ha mantenido una serie de encuentros políticos y empresariales buscando la fotografía de la unidad nacional en torno a estas necesidades, inversiones y reformas que necesita España. La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, visitó recientemente Bruselas para discutir directamente con las autoridades comunitarias este plan, sobre el que existiría un “claro alineamiento”.

2021 abrirá la espita de las ayudas europeas
Si el Fondo de Recuperación llamado Next Generation EU no sufre retrasos inesperados en algunos parlamentos nacionales, antes de finales de año la Eurocámara aprobará su entrada en funcionamiento en paralelo con el próximo Marco Financiero Plurianual, los presupuestos de la UE para 2021-207, y Bruselas empezará a distribuir las primeras transferencias del fondo el próximo año.
Pertenecen a la partida de respuesta rápida ReactEU y a España le tocan 12.400 millones de euros. Son ayudas que proceden de “fondos adicionales del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y de otras pequeñas partidas” incluidas en los actuales presupuestos plurianuales de la UE, que concluyen este año.
A finales de 2021 comenzará a llegar gran parte de los fondos extraordinarios. El texto acordado en la Cumbre señala que “el 70% de las transferencias ofrecidas por la Facilidad de Resistencia y Recuperación –con 670.000 millones de euros es la parte más jugosa del Fondo– deberá estar comprometida en los años 2021 y 2022”. “El 30% restante” de las ayudas de Resilience Facility, continúa el texto, “deberá estar plenamente comprometido para finales de 2023”.

La exigencia de estos compromisos marca y acelera la agenda de los gobiernos europeos porque les fuerza a diseñar desde este mismo otoño diferentes reformas y proyectos receptores de la ayuda comunitaria a largo plazo.
Francia acaba de lanzar un plan de recuperación de 100.000 millones de euros, cifra similar a la que recibiría del fondo de recuperación y el doble del de la crisis financiera de 2008, con una división de las partidas similar a las prioridades que exigirá Bruselas a las capitales.
El plan galo consta de 30.000 millones de euros para la transición ecológica, 35.000 millones para competitividad empresarial y una cantidad similar en la partida de “solidaridad y competencia”, según su primer ministro, Jean Castex. Para Charlotte de Montpellier, economista de ING, estas prioridades “buscan fortalecer más las políticas de oferta en la economía que las de demanda” convirtiéndolo “principalmente en un plan de inversión”.

El empleo se redujo más de un 7% en España en el 2T20, un 6% en Irlanda, más de un 5% en Hungría o Estonia…

Hasta el momento, el plan de recuperación planteado desde el inicio de la crisis por Francia es el de mayor importancia en proporción al tamaño de su economía entre las grandes potencias europeas. Representa un 9,5% de su PIB frente al 6,9% del alemán o el 8,6% de los británicos, país que no accederá al Next Generation de la UE pero que ha impulsado su propio programa de inversiones con el que afrontar la crisis de la Gran Reclusión.

Más contracción, más dinero
A lo largo de las difíciles negociaciones sobre el diseño y reparto de los 750.000 millones del Fondo de Recuperación, que terminaron con una reducción de las transferencias a fondo perdido hasta los 390.000 millones del total, el criterio para el reparto de estas ayudas multimillonarias fue también uno de los puntos de enfrentamiento.
Los socios calificados como frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia), junto a otros como Finlandia, rechazaron que el desempleo de años pasados se convirtiese en el factor hegemónico en el reparto de los fondos. Finalmente, durante 2021 y 2022 la media del nivel de desempleo entre 2015 y 2019 servirá para constatar los problemas estructurales que tenían las economías al llegar la pandemia, pero en 2023 se tomará “la pérdida de PIB real en 2020 y la acumulada en el PIB real observada durante el periodo 2020-2021” para distribuir las ayudas europeas.
Tomando estos factores, las urgencias económicas de España para recibir los fondos europeos son evidentemente mayores que las de otros socios comunitarios a excepción de Italia. El PIB español se hundirá más de un 10% este año, igual que el transalpino, y ambos rebotarán entre el 6 y el 7% el próximo ejercicio. Habrá, por tanto, una pérdida de PIB real que cubrirán los fondos europeos en 2023. Francia, otro de los grandes beneficiados en la distribución del Fondo de Recuperación, vivirá una coyuntura similar.


“Las ayudas comprometidas por Francia para la recuperación suponen un 9,5% de su PIB, frente al 7% de Alemania o el 8,6% británico”


Con este escenario y las deudas públicas disparadas, las ayudas europeas serán más necesarias que nunca. Los Estados tendrán que cuadrar sus cuentas públicas al mismo tiempo que compensan el enorme agujero que dejará la inversión privada este 2020 y previsiblemente durante 2021. El Gobierno español espera que los 140.000 millones de euros que llegarán los próximos ejercicios eleven un 2% el PIB a largo plazo.
Y en paralelo a la demora de meses o años hasta ver los frutos en la economía real de la mayor respuesta coordinada de la UE a una crisis, está el drama del mercado laboral, una herida que los hogares europeos viven en primera línea. Según datos de Eurostat, el empleo se redujo más de un 7% en España en el segundo trimestre, un 6% en Irlanda, más de un 5% en Hungría o Estonia, un 4% en la frugal Austria o en torno al 3% en Países Bajos, Italia y Francia.
Estas cifras contrastan con un periodo en el que tradicionalmente se multiplican las contrataciones ante el inicio de la temporada turística y no incluyen a los trabajadores bajo esquemas de protección laboral excepcionales similares a los ERTEs españoles.

Las medidas lanzadas por el gobierno español para evitar una cascada aún mayor de despidos de trabajadores, gracias a este instrumento o la cobertura extraordinaria para un millón de autónomos afectados por los confinamientos, han aumentado en un 4% el gasto público en relación al PIB según reconocía recientemente la vicepresidenta Nadia Calviño en Bruselas ante la propia Comisión. Por eso, España y el resto de socios europeos, excepto Francia que ha decidido no acudir a esta ayuda, esperan el desembolso de los miles de millones del SURE, el fondo comunitario para garantizar el empleo. A nuestro país le tocarán 21.000 millones de euros, a Portugal unos 6.000 millones, 27.000 millones a Italia. Será la primera bocanada de aire insuflado por Bruselas a las exhaustas haciendas nacionales y habrá que esperar mucho menos que por los fondos de recuperación. Antes de finales de año debería recibirse en unas capitales europeas que ya han extendido, como mínimo hasta finales de año, los programas de protección del empleo.♦