La propuesta de directiva establece nuevas obligaciones y responsabilidades de los consejeros respecto a los impactos negativos en los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Texto: María Prandi Chevalier y Antonio Fuertes Zurita •
María Prandi Chevalier, Fundadora y CEO de Business and Human Rights -BHR-. Miembro del equipo de elaboración del «Study on due diligence requierements through the supply chain» de la Comisión Europea. Antonio Fuertes Zurita, ESG Senior Advisor de BHR. Miembro del ESG Working Group de ecoDa en representación del ICA.

El pasado 23 de febrero se hizo pública la propuesta de Directiva Europa sobre sostenibilidad corporativa de debida diligencia que establece obligaciones para las empresas respecto de sus impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a escala global y define nuevas responsabilidades de los consejeros. Esta iniciativa forma parte del compromiso adquirido por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea de fortalecer el marco regulatorio en materia de gobierno corporativo sostenible y conectar la agenda sostenible con las propuestas de taxonomías en el ámbito medio ambiental y social, entre otras, como parte de una amplia arquitectura regulatoria. ¿Por qué esta propuesta de directiva es relevante para los consejeros y qué cambia respecto de lo que ya sabíamos? Con esta nueva propuesta legislativa europea se consolida el paso de un marco voluntario a uno normativo en el que se exigirá a determinadas empresas identificar, prevenir y mitigar impactos adversos en los derechos humanos o en el medio ambiente como resultado de sus actividades, o de aquellas que se deriven de su cadena de valor. Después de una creciente relevancia de este tema en el mercado, materializada por las preguntas cada vez más concretas de analistas e inversores, el regulador toma finalmente la palabra para clarificar y establecer la seguridad jurídica necesaria que permita la gestión de estas cuestiones de manera ordenada y regulada por las autoridades nacionales de cada país de acuerdo a la legalidad europea.

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