“La entrada en vigor del Reglamento de Taxonomía exige a las empresas la clasificación y el reporte de sus actividades, para determinar si son o no sostenibles”.

Texto: Marta Galán •
Especialista en sostenibilidad y RSC •

El año no ha hecho más que empezar y sin embargo febrero es, para la gran mayoría de las compañías, el mes del sprint final. El mes de las cuentas anuales, del informe de gestión, de presentación de resultados, de balances, de memorias, de números… Pero hace ya tres años que febrero se convirtió también en el mes de la Sostenibilidad. Por aquel entonces, la Ley 11/2018 obligó a las grandes empresas a mostrar aquellos beneficios que habían logrado para la sociedad, yendo más allá de los resultados económicos. La protección del medioambiente y el compromiso con la justicia social pasaron de pronto a cobrar un protagonismo similar al de la rentabilidad económica. A marchas forzadas, y en cuestión de semanas, las compañías no solo tuvieron que aprender a redactar un nuevo informe que daba relevancia a temas que hasta entonces parecían de segunda, sino que tuvieron que aprender a mostrarse tal como eran y, peor aún, dejar que los demás vieran sus vergüenzas y escudriñaran cada uno de sus defectos. El Estado de Información No Financiera (EINF) se convirtió, sin duda, en el informe del destape, un documento en el que lo más íntimo está al alcance de cualquiera que quiera consultarlo, como el porcentaje de hombres y mujeres en plantilla, la brecha salarial, las políticas o los compromisos medioambientales de las compañías. Hoy, tres años después, se puede decir que, en líneas generales y aunque a veces a regañadientes, las empresas parecen haber comprendido que esta obligación legal es también una oportunidad estratégica que puede ayudarles a transformarse y a replantearse su futuro.