“Tanto el actual como el anterior gobierno fueron pródigos en redactar normas que tuvieron correcciones, aclaraciones y rectificaciones y que, en no pocos casos, fueron anuladas por los tribunales. Entre los casos más flagrantes y recientes las sentencias del TC sobre el estado de alarma o el caso del decreto ley 17/21 del 14 de septiembre, para ‘mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural’. Una norma que ocupa 31 páginas del BOE con una larguísima y confusa exposición de motivos (14 pags.) que requirió una nota oficial aclaratoria y un decreto posterior que anulaba en gran medida el primero y cuyo impacto final en el precio y en las facturas de la luz ha sido casi nulo”.
¿QUÉ BUSCA UN INVERSOR, qué requiere un empresario? Aspira a un mercado con oportunidades, acceso a financiación, mano de obra cualificada… Y sobre todo seguridad jurídica, legislación estable y clara y unos tribunales independientes que garanticen el imperio de la ley y promuevan una competencia leal. La legislación estable y confiable supone la prueba del algodón para calificar un país como espacio recomendable para invertir, en resumen las leyes justas que apreciaba Adam Smith.
¿Responde España satisfactoriamente a esos requisitos para merecer inversiones? Las encuestas dicen que… de aquella manera; que sí, pero muy mejorable. España ofrece mercado, dispone de capital físico y humano, pero con exceso de burocracia y creciente inseguridad jurídica. Muchas leyes, varias administraciones con criterios no coincidentes y tramitación reiterativa y engorrosa, a veces imprevisible. En resumen, una democracia inmadura por insuficiente seguridad jurídica. Lo peor es la tendencia, no mejora, a pesar de que durante las últimas décadas se han producido avances significativos, en muchos casos como consecuencia de la integración en la Europa comunitaria. Los últimos años, los de este siglo, no ofrecen mejoraría pese a las recomendaciones europeas.
