El tribunal supremo dictaminó el pasado año que los actos realizados por el presidente en el ejercicio de su cargo son, por definición, legales. Así que Trump ha encargado a Elon Musk, un “empleado especial del gobierno”, que se meta en las tripas de la administración de EEUU y corte y recorte… el dueño de Tesla dice que a un ritmo de 4.000 millones de dólares diarios.

EN MENOS DE UN MES desde que llegó al poder, Donald Trump se ha lanzado a la demolición del Estado en EEUU. Pero no es una demolición como le gustaría a un liberal clásico. Es una demolición puramente trumpista. Es decir, llevada a cabo por medio de una estructura paralela de poder, de legalidad, en el mejor de los casos, dudosa, capitaneada por un empresario en activo, Elon Musk, y que no tiene una estrategia más clara que la de castigar, silenciar y expulsar del aparato estatal a los críticos y enemigos del presidente.

Suena apocalíptico, ¿verdad? En realidad, es peor que apocalíptico. El momento clave de esta operación arrancó en la madrugada del 1 de febrero, sábado, cuando un grupo de empleados del DOGE (Departamento de Eficiencia en el Estado, según sus siglas en inglés)