Texto: Luis Teijeiro (Subdirector general de CECA) •

«El cambio de rumbo en el paradigma financiero de la Unión Europea requiere abordar con determinación tres ejes fundamentales: la reducción de la complejidad normativa, el diseño de incentivos fiscales atractivos y la creación de una supervisión armonizada que favorezca la integración de los mercados».

En el contexto europeo actual, el debate sobre cómo potenciar el ahorro y la inversión en los hogares y empresas europeas ha adquirido un protagonismo ineludible. El informe Letta puso de manifiesto una cifra abrumadora: cada año se fugan unos 300.000 millones de euros de ahorro europeo hacia mercados extranjeros, principalmente estadounidenses. Esta cifra se atribuye a la fragmentación de los mercados financieros europeos y a la búsqueda de mayor rentabilidad en EE.UU.

El impulso de la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU, por sus siglas en inglés) y la agenda de simplificación regulatoria impulsada por la Comisión Europea marcan un cambio de rumbo en el paradigma financiero de la Unión Europea. Sin embargo, para que estas iniciativas tengan éxito real y duradero, resulta imprescindible abordar con determinación tres ejes fundamentales: la reducción de la complejidad normativa, el diseño de incentivos fiscales atractivos y la creación de una supervisión armonizada que elimine los obstáculos nacionales y favorezca la integración de los mercados.

La Unión Europea, en su afán por ganar competitividad y fortalecer el mercado interior, ha colocado la simplificación normativa en el centro de su estrategia. No se trata solo de reducir el papeleo o eliminar duplicidades, sino de racionalizar el marco regulatorio manteniendo salvaguardas esenciales –como la transparencia, la estabilidad financiera y la protección del inversor–, eliminando al mismo tiempo cargas innecesarias que obstaculizan la innovación, la eficiencia y la participación ciudadana en los mercados de capitales.

«La experiencia del usuario está excesivamente burocratizada, saturada de información duplicada y de pruebas de idoneidad que, lejos de aportar valor, generan confusión y desincentivan la entrada de nuevos ahorradores, especialmente entre las generaciones jóvenes»

Un ejemplo paradigmático de la problemática actual es el propio recorrido del inversor minorista: desde el registro inicial y la categorización del cliente, pasando por la provisión de información y los tests de idoneidad o conveniencia, hasta los informes periódicos postventa. La experiencia del usuario está excesivamente burocratizada, saturada de información duplicada y de pruebas de idoneidad que, lejos de aportar valor, generan confusión y desincentivan la entrada de nuevos ahorradores, especialmente entre las generaciones jóvenes, que se ven tentados con alternativas de procesos más sencillos, pero totalmente especulativas y de mayor riesgo, como las criptomonedas. Resulta urgente que la Comisión Europea materialice su objetivo de hacer la información “breve, sencilla, comparable y fácil de comprender” para el usuario medio.

En cuanto a los marcos regulatorios específicos, la convergencia de normativas como MiFID II, MiFIR, PRIIPs, IDD, Solvencia II, UCITS y AIFMD ha dado lugar a un entramado normativo complejo. La Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés), lejos de simplificar, amenaza con añadir nuevas capas de complejidad mediante controles adicionales, obligaciones informativas y criterios de value for money que pueden acabar homogeneizando la oferta y restando diversidad al mercado. Además, propuestas como la eliminación de incentivos o la imposición de honorarios explícitos podrían dejar fuera a un importante segmento de clientes menos sofisticados, reduciendo la competencia y favoreciendo a grandes actores no europeos.

«Una mayor participación de los ciudadanos en el tipo de iniciativas que se están planteando a nivel europeo, como las Cuentas de Ahorro e Inversión o el sello «Finance Europe», requiere reglas fiscales claras, simples y ventajosas. Es el verdadero catalizador»

Por todo ello, se hace imprescindible una revisión profunda de la RIS, basada en una evaluación rigurosa de su impacto y en un enfoque centrado en el cliente y la competitividad. La simplificación no es solo deseable, sino un requisito imprescindible para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas y apoyar la financiación de la economía real europea.

Incentivos fiscales y supervisión armonizada:
claves para el futuro
Aunque la simplificación normativa es crucial, el verdadero catalizador para una mayor participación de los ciudadanos en el tipo de iniciativas que se están planteando a nivel europeo, como las Cuentas de Ahorro e Inversión (SIA) o el sello “Finance Europe”, solo tendrá éxito si va acompañado de reglas fiscales claras, simples y ventajosas, evitando la creación de nuevos instrumentos innecesarios y confiando en la capacidad del mercado para adaptar la oferta existente a las necesidades de los clientes.

El reciente ejemplo de la drástica reducción de los límites de deducción fiscal en los planes de pensiones individuales en España, que ha llevado a una caída de las aportaciones de 10.000 millones de euros en los últimos cuatro años, es elocuente: sin estímulos adecuados, el atractivo de estos instrumentos se desvanece rápidamente. Es imprescindible revertir estas decisiones y establecer incentivos robustos y predecibles para los productos de ahorro e inversión a largo plazo, especialmente aquellos vinculados a los sistemas complementarios de pensiones.

Además, resulta imprescindible que las instituciones públicas asuman un compromiso firme para lanzar campañas de sensibilización y comunicación que den visibilidad a la iniciativa, informen a los ciudadanos sobre sus ventajas y contribuyan activamente a revertir la tendencia actual de fuga de capitales. Igualmente, es fundamental impulsar la educación financiera, consolidándola como una materia obligatoria en el currículo escolar, ya que constituye una palanca esencial para mejorar la salud financiera de las futuras generaciones. Solo mediante estas acciones se podrá fortalecer el mercado interior, aumentar la competitividad europea y garantizar que el ahorro de los ciudadanos se destine a financiar el futuro económico y social de Europa.◊