“Hacerte legal en España: 5 meses… Cita con el dermatólogo: 16 meses”. Las redes sociales en España se inundaron de mensajes de este tipo al conocer la forma en que el Gobierno aprobaba por Decreto Ley –esto es, sin necesidad de pasar por el Parlamento- una regularización que puede beneficiar a más de medio millón de inmigrantes irregulares (de los 840.000 que se estima que hay ahora en España). Bastará con acreditar estar en España antes de 2026 y carecer de antecedentes penales.
Lo llamativo es que hace solo dos años, el Congreso aprobó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, respalda por más de 700.000 firmas, para proceder a una regularización masiva. Sólo la ultraderecha de Vox votó en contra. Con ese precedente, y dada la necesidad de la sociedad española de contar con inmigrantes para seguir adelante (España tiene 148 personas mayores de 64 años por cada 100 jóvenes menores de 16, es una sociedad envejecida que necesita de la inmigración) el Gobierno podría haber elaborado un texto consensuado con todos los partidos que habían votado a favor y pasarlo para su aprobación por el Parlamento. Pero optó por una vía bien distinta: Negociar la regularización con Podemos (el partido de extrema izquierda que a cambio parece dispuestos a aceptar que se cedan las competencias de inmigración a Cataluña, un requisito imprescindible para que Puigdemont pueda volver a respaldar al Gobierno) y dejar que fuera Podemos quien anunciara el acuerdo, que horas después se concretaba en el Consejo de Ministros.
Puesto que la regularización se hará por decreto, esquivando al Parlamento, el Gobierno no precisaba en realidad acuerdo alguno. Pero ha querido utilizar la regularización como moneda de cambio para intentar rehacer la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la investidura, completamente rota desde hace meses. Así, lo que podría concitar acuerdos y debería hacerse por consenso, se convierte en arma arrojadiza y objeto de discordia.
Pero es que en la misma jornada que el Consejo de Ministros anunciaba esta regularización, otro episodio sorprendente tenía lugar en el Congreso de los Diputados: El Gobierno sufría una nueva derrota parlamentaria al ver rechazado -con los votos de PP, Vox y Junts- el llamado Real Decreto “omnibus” en el que el Gobierno había incluido cosas tan dispares como la revalorización de las pensiones, la congelación de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos… o la prolongación de la protección legal a los okupas (una medida que se puso en marcha durante la pandemia y que su socio de coalición, Sumar, exige prolongar pese a que ha demostrado retraer la oferta de pisos en alquiler y agudizar el enorme problema de la vivienda).
Tanto PP como Junts habían advertido de que no iban a aprobar un texto en el que los jubilados se usaban como rehenes para “colar” otras medidas que nada tenían que ver con las pensiones. Pero el Gobierno ignoró el aviso. Exactamente igual que ya hizo el año pasado. Y en los medios afines al “sanchismo” se alababa la táctica empleada para “retratar” a la derecha, que según dicen desde Sumar “hoy le ha quitado 50 euros a cada pensionista”.
En fin, Pedro Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE dividiendo al partido –lo partió literalmente en dos- y luego llegó al Gobierno partiendo en dos España. “Divide y vencerás”. Y desde entonces no ha dejado de jugar a dividir. De modo que tras las últimas elecciones, en su primer discurso de investidura, en vez de decir –como es costumbre- que gobernaría para todos, para los que le habían votado y para los que no le habían votado, anunció que levantaría “un muro” frente a la derecha (que le aventaja en escaños) y la ultraderecha. Y que aunque había prometido traer al prófugo Puigdemont para ser juzgado, le amnistiaría y pondría en sus manos su investidura. De modo que otra medida que hubiera podido servir para conciliar – la amnistía- se convertía en moneda de cambio partidista y sembradora de discordia.
Lo peor de este Gobierno no es la toma y degradación de todas las instituciones, la pésima gestión –hay caos ferroviario, eléctrico, postal…- ni la corrupción del partido y familiar… Lo peor, sin duda, es ese empeño en dividir y sembrar discordia. En señalar siempre a otros, como “malos”, para aparecer él como el bueno. Eso, sí es imperdonable.♦
