En el número pasado dábamos cuenta de varios informes de otras tantas organizaciones que nos alertan del crecimiento de la desigualdad y la exclusión socioeconómica en España. Con señales de alto riesgo, destacaba de manera particular la tasa de pobreza infantil, en el 29,2%, la más alta de toda la UE y persistentemente elevada desde 2019. Este porcentaje se traduce en 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad. En la búsqueda de respuestas a un problema tan penoso, en el país que hoy se considera la locomotora europea, UNICEF ha aportado su granito de arena. En un reciente informe propone una batería de medidas que incluyen tanto transferencias monetarias (una prestación universal por crianza de 100 y 200€ mensuales, y un aumento del Ingreso Mínimo Vital de un 20% y un 40%), y nuevas políticas de empleo (un aumento del 20% del SMI y del 20% de la intensidad laboral).

La de mayor impacto, tanto por coste como por viabilidad, sería la prestación universal por crianza progresiva de 100 euros mensuales, la cual, aislada del resto, podría reducir la pobreza infantil hasta un 11,2% en nuestro país, o dicho de otra manera, sacar a 270.000 menores de la pobreza. Bajando al detalle, es de suponer que las cifras de pobreza infantil en España contabilicen a los 2.370 niños que viven en la Cañada Real. Un asentamiento ilegal, sí, el mayor de Europa, de 15 kilómetros de largo, que también concentra una de las mayores bolsas de exclusión del país. En Madrid, región capital de España.

En el año 2017, las administraciones públicas y las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo sin precedentes para aplicar una solución definitiva a la zona, pero desde entonces sólo se han realizado realojamientos parciales. Las familias siguen habitando mayormente en infraviviendas, sin calles asfaltadas, sin medios de transporte públicos, y en los últimos cinco años sin luz en dos de los seis sectores que configuran el “barrio”. Unos 1.600 niños de la Cañada Real suman a sus penurias la pobreza energética. En febrero de este año, el Consejo de Europa concluyó que estos cortes de electricidad infringen múltiples elementos de la Carta Social Europea Revisada.♦