Unión Europea, rutina peligrosa: instituciones alemanas contra instituciones europeas

Tribunal Constitucional Federal y su presidente Stephan Harbarth

El constitucional alemán frena la ratificación del programa europeo de recuperación para estudiar si la garantía solidaria otorgada a los bonos europeos que se emitan para financiarlo encaja en el derecho público alemán o si, por el contrario, el gobierno y el parlamento alemán han desbordado el marco constitucional.

Hace algo menos de un año [julio 2020] encabezaba aquí un artículo con el titular La política monetaria europea en el banquillo. Algún lector comentó que aunque los titulares deban ser llamativos y estimulantes de la curiosidad del lector, también es conveniente que la lectura no defraude las expectativas. “En el banquillo” …nada menos que de un tribunal constitucional ¿Poner la eficiente gestión de la unión monetaria de Europa bajo la lupa de los jueces constitucionales de un país miembro?

EL PRECEDENTE …
Pero no había provocación alguna en el titular. Reflejaba una insólita interferencia judicial sobre una iniciativa económica de enorme magnitud política, que colocaba, literalmente, en el banquillo de acusados al Banco Central Europeo. La gestión del BCE se ajusta a las prácticas profesionales de otros bancos centrales -en Washington, Londres, Tokio- que operan en cada caso dentro del marco constitucional nacional, de la misma forma que el BCE respeta y cumple la normativa aplicable de cada uno de sus miembros y desde luego, la del país en que radica. Y, en particular, la normativa europea a la que debe someterse como banco central de bancos centrales, responsable de dirigir y gestionar un magnífico proyecto de unión monetaria. La gestión del BCE está sometida al derecho, de modo que eventuales comportamientos infractores de su marco legal pueden dar lugar a recursos judiciales, pero no ante instancias nacionales de alguno de sus miembros, y menos aún, constitucionales, sino ante la instancia expresamente creada por los tratados europeos, el Tribunal Europeo de Justicia.

Se ha seguido el procedimiento constitucional, será difícil encontrar el resquicio que justifique una invasión competencial”

La deriva de este planteamiento judicial era potencialmente muy grave porque los jueces de Karlsruhe daban la espalda, literalmente, al marco jurídico vigente en la UE. El tribunal debiera haberse inhibido en favor del Tribunal Europeo en lugar de “sentar en el banquillo” al BCE con el fin de enjuiciar una posible infracción del derecho comunitario. La actitud del Constitucional alemán hubiera justificado la apertura de un procedimiento contra su gobierno, algo que -prudentemente, sin duda- la Comisión se abstuvo de hacer. Las autoridades de Berlin comprendieron en todo caso las serias implicaciones de la iniciativa adoptada por su Constitucional e intervinieron con eficacia para que Karlsruhe cerrase el caso en base a lo que Financial Times [30 marzo] denominó con cierta gracia un bureaucratic fudge. No fué una salida airosa para las partes ni para los jueces. Pero es ejemplo de una peligrosa deriva institucional que explica las palabras de Angela Merkel cuando, en la última cumbre europea [25 marzo] terminó su intervención con una “triste” nota, rueful -según un participante-… I will have next to deal with Karlsruhe. Los comentarios que siguen explican el por qué de esta “triste” confesión de la canciller.

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