Un negocio con resultado de explotación positivo, a la larga, aun con mucha deuda, es viable. Un país con superávit primario también. España no lo logra desde 2007, con la burbuja inmobiliaria

El incremento de la deuda pública en los países desarrollados como resultado de la crisis del Covid es objeto de fundada preocupación. En los principales países europeos la deuda pública se incrementará entre 12 y 25 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, pasando a situarse entre el 72% y 169% del PIB (Alemania e Italia respectivamente). En España superará el 120% del PIB, frente al 95% en 2019 (y frente a en torno a 40% del PIB en 2005- 2008). Por su parte, el déficit público de los principales países europeos pasará de niveles moderados en 2019 (déficit entre 1,6% y 3% del PIB; con superávit solo en el caso de Alemania) a niveles de entre el 8% y el 15% en 2020. El déficit tocará techo en ese año, para ir reduciéndose posteriormente, mientras que la deuda sólo se reducirá en términos nominales si se genera superávit presupuestario y en relación con el PIB sólo se reducirá si el déficit anual es inferior del crecimiento nominal del PIB. Estos elevados niveles de deuda, unidos a la tendencia de los gobiernos a gastar más de lo que se ingresa (a no aprovechar, salvo en contadas excepciones, los años buenos de actividad y recaudación para generar un ahorro que financie los excesos de gastos sobre ingresos de los años malos) suponen una herencia peligrosa para las generaciones futuras. Ello es así porque es muy difícil reducir la deuda pública en términos nominales (sólo Alemania ha generado superávit presupuestario de forma casi sostenida en la última década, y también España lo hizo anteriormente, pero sólo en los años de bonanza-burbuja inmobiliaria). Y, ya no en cifras absolutas en euros, sino simplemente en términos relativos, expresados en % de PIB, la reducción de deuda a costa de un déficit inferior al crecimiento es generalmente lenta.