Es el segundo proveedor de empleo, tras el sector público, así que no cabe limitarse a esperar que vuelvan los turistas. Aunque la intervención pública produzca escalofríos.

Enrique Badía y Liberal

No hace mucho, más de uno discutía cómo limitar la afluencia de turistas. Consideraban que eran demasiados, colapsaban las infraestructuras, alteraban la dinámica ciudadana, perjudicaban el medio ambiente… en pocas palabras, eran molestos y prescindibles, siquiera de forma parcial. Últimamente, en cambio, abundan las rogativas para que no falten y hay miedo de que no vuelvan, comprometiendo una parte relevante de la economía, en determinados lugares próxima al monocultivo, porque a corto o incluso medio plazo no hay alternativa fácil ni viable de sustitución. Y es que pocas cosas tienen futuro más incierto que el turismo en su acepción más amplia: viajes, hoteles, alojamientos, restauración, ocio y un largo etcétera de conexos que rozan o están inmersos en la parálisis desde que el maldito bicho puso todo patas arriba… hace diez meses ya. Crecen las dudas, no sólo respecto de la duración y los efectos de las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia, sino muy especialmente sobre cuáles serán los hábitos sociales predominantes tras la Covid 19: ¿miedo a viajar?, ¿precaución?, mayor propensión al ahorro?, ¿cambios en las preferencias vacacionales…? Antes de la emergencia, los flujos turísticos mundiales crecían vigorosamente, con alguna ralentización puntual, como la que siguió al cuasi colapso financiero de 2007-08. Una tendencia que -es obvio- se ha derrumbado súbitamente y es poco creíble que se reactive antes de bien entrado este 2021, si es que llega a remontar. Resabios ideológicos o partidistas al margen, es claro que para España van a ser cruciales las respuestas a esas y otras preguntas, condicionando buena parte del porvenir. Ahí están, para constatarlo, las cifras más relevantes pre-covid: en 2019, el número de visitantes alcanzó los 83,7 millones -79,1 millones en viaje turístico y el resto por motivo profesional-, totalizando un gasto superior a los 92.000 millones de euros.

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