Este texto es el resumen de una reciente intervención del autor en un curso sobre ética profesional: la oportunidad de la autorregulación y los códigos éticos. Tras la publicación de la Orden de Presidencia del Gobierno sobre el “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, que encomienda a altos cargos del Ejecutivo esa misión, tiene aún mayor interés.
Fernando González Urbaneja• Director de Consejeros. En 2003 fue elegido presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y fue reelegido en 2007.
Entre 2004 y 2008 presidió además la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, etapa durante la cual se puso en marcha la Comisión de Quejas y Deontología, de la que es vocal.
Empezaré por dos conclusiones: Primera, 27 años después de la aprobación del Código Deontológico de la profesión periodística y 16 años después de la creación de la Comisión encargada de velar y aplicar ese Código como mecanismo de autorregulación profesional, el balance, en mi opinión, es decepcionante. Quizá no ha servido de nada, o de muy poco; no obstante, tiene el valor de su propia existencia, una función de testigo de lo que me parece deseable y posible. Vendrán tiempos mejores.
Y segunda, formo parte de los que creen que el futuro del periodismo (y de otras profesiones, incluida la política) depende de su deontología, de que asuma la “lex artis” de la profesión; que existe, que los periodistas conocemos, y que es consustancial a la profesión ya que sin ética el periodismo no merece la pena, se queda en nada, mera fachada, porque la piedra angular de la profesión es la credibilidad, que nace de la confianza de ciudadanos dispuestos a pagar por la información, porque les merece la pena, por su valor añadido.
Y si la deontología es fundamental, la existencia de un órgano que vela por su aplicación, interpretación y actualización, es imprescindible. Un órgano que debe nacer de la propia profesión, más allá del derecho positivo que cumple otra función que es esencial en los estados de derecho pero que puede no ser suficiente o necesitar de apoyos externos al derecho. Pero también un órgano que tiene en cuenta a la sociedad a la que sirve el periodismo y que debe estar presente en él porque no puede ser corporativo, ni ser visto como tal.
Merece la pena dedicar unas líneas a esa lex artis a la que he aludido, al menos en sus elementos esenciales que se pueden resumir en:
1.- El periodismo tiene como primera obligación la verdad; su búsqueda diligente. Con lealtad, ante todo, a los ciudadanos y con una herramienta esencial: la disciplina de la verificación.
2.- El periodismo requiere, necesita, independencia respecto a los que informa; incluso de sus consecuencias. Su deber es informar, antes que educar, convencer o entretener.
3.- El periodismo ejerce, por su naturaleza y carácter, un control independiente del poder. Además ofrece foro público para la crítica, el comentario, el contraste de opiniones; todo ello para contribuir a la “conversación ciudadana”.
4.- El periodismo acredita su carácter cuando los significantes de su trabajo (información y opinión), son relevantes y sugerentes; y además proporcionados y exhaustivos. Contar historias que interesen y que se entiendan, con datos, contexto, antecedentes.
5.- El periodismo respeta la conciencia individual de unos profesionales que viven de su trabajo, que no son aficionados motivados por distintas causas o pulsiones, sino periodistas con una profesión. Lo cual justifica la “cláusula de conciencia” y el “secreto profesional” previstos en nuestra Constitución.
Estos principios los desarrollaron con detalle dos periodistas norteamericanos muy experimentados, Bill Kovach y Tom Rosenstiel, a principios de este siglo, tras un exhaustivo trabajo de encuesta entre sus colegas. Y estos principios aparecen, de una u otra forma redactados, en todos los códigos éticos de la profesión escritos durante los últimos cien años. Uno de los primeros, el de la Asociación de la Prensa del Estado de Washington, escrito en 1923, resumen en 70 palabras lo que luego se ha escrito en 700.
En realidad cien años son los de la historia del periodismo aunque queremos remontar el oficio (profesión) a Herodoto y Jenofonte para darnos más importancia. Podemos hacerlo, es una licencia literaria, pero el periodismo profesional, tal y como lo hemos entendido durante las últimas décadas, acompaña necesariamente las democracias formales y liberales, incluso puede antecederla. El periodismo necesita la democracia efectiva y madura; solo puede progresar en sociedades y sistemas democráticos que respetan las libertades y evitan la concentración del poder. No es anecdótico o raro que las amenazas a las democracias, su decadencia, curse con decadencia del periodismo, víctima de ese fenómeno por mérito de sus adversarios y también algunos deméritos propios.
“Los comités deontológicos suelen nacer a la defensiva, para evitar legislación positiva restrictiva de la libertad. Proyectos legislativos de los gobiernos, de muchos gobiernos que lo intentan en algún momento de apuro o acoso, para tratar de limitar la libertad y el derecho y deber de información, casi siempre con el argumento de proteger la verdad y el derecho al honor y a la intimidad de las personas”
La piedra angular del periodismo es la libertad, el derecho de informar, definido en la doctrina y en la práctica desde finales del siglo XVIII. Pero el periodista además de ese cimiento de las libertades precisa otro asentamiento concreto: la independencia, que solo es posible cuando los medios y los periodistas disponen de autonomía financiera, proporcionada por clientes que pagan y empresas editoras que protegen a sus profesionales. Empresas editoras suficientes y comprometidas, que no se distraen con otros intereses, que no utilizan el periodismo para otros objetivos.
Las patas que sostienen la mesa son nítidas: libertades; independencia; periodistas profesionales, y editores efectivos. Cuando falla alguna de esas patas falla la mesa. Pero vuelvo a los Códigos y las Comisiones deontológicas.
Las primeras experiencias en este sentido parten de iniciativas seminales previsibles: suecos y anglosajones. Los suecos tienen en sus raíces constitucionales la libertad de prensa y el derecho a la información desde finales del XVIII, antes incluso de la decisiva 1ª enmienda de la Constitución de los EEUU (otra piedra angular) y del decreto español de Libertad de Expresión de 1810, que es pieza singular, interesante y liberal como anticipo de la Constitución de 1812.
En 1916, por iniciativa de editores y periodistas suecos, se constituyó el primer Consejo de Prensa (Ombudsman) para ocuparse de las quejas de los lectores/ciudadanos, para darlas cauce y por tanto para propiciar la autoregulación y dar explicaciones al público, es decir enseñar nuestro trabajo, cómo lo hacemos, a quien creemos. Luego fueron los británicos, tras los trabajos de varias Comisiones Reales, los que promovieron su “Press Complaints Commission” (PCC) que ha servido de referencia y de modelo para otros países europeos, aunque el sistema de medios británico no es el más ejemplar ni el más libre e independiente. La PCC quedó cuestionada por su fracaso a la hora de prevenir o corregir las desviaciones e irregularidades del Grupo Murdoch a principios de este siglo, grupo al que no censuró, quizá por tibieza, por debilidad o por lo que fuera. Ahora los británicos proponen un sistema más intervencionista y sancionador, más allá de la autorregulación, aunque muchos medios han asumido algunas responsabilidades para evitar un mayor control público o exterior.
Los comités deontológicos suelen nacer a la defensiva, para evitar legislación positiva restrictiva de la libertad, leyes contra el libelo (contra los males de la prensa, como se llamaron en algún momento de nuestra historia). Proyectos legislativos de los gobiernos, de muchos gobiernos, que lo intentan en algún momento de apuro o acoso, para tratar de limitar la libertad y el derecho y deber de información, casi siempre con el argumento de proteger la verdad y el derecho al honor y a la intimidad de las personas. También para fortalecer la defensa de las personas contra posibles injurias, calumnias e intromisiones en la intimidad. El caso de los primeros ministros británicos y la BBC es interesante, Tony Blair y Boris Johnson, antes y ahora, conspiran contra la BBC de cuya independencia abominan. Sobre Trump no hacen falta comentarios.
En nuestro caso no es casualidad que el Código Deontológico se planteó y aprobó durante los primeros años noventa (1992 en Cataluña y 1993 el Código de FAPE para España. Entonces el tercer gobierno socialista de Felipe González (1990-93) planteó una reforma del Código Penal para endurecer el delito de difamación, que ya estaba contemplado en el Código. Arreciaban entonces las acusaciones de corrupción, de financiación irregular de los partidos, de tráfico de influencias (caso Juan Guerra y otros). Felipe González hizo un comentario emocional en los pasillos del Congreso: “van a conseguir dos por uno”, uniendo su suerte a la de su Vicepresidente; y la portavoz del Gobierno reclamó a los medios, a los periodistas, contención, autorregulación, una apelación que retrasó las iniciativas en marcha para no parecer colaboracionistas gubernamentales. El gobierno no avanzó en la legislación antilibelo por la disolución de las cámaras. La siguiente legislatura, cuarta socialista, agónica y estéril, no vio oportunidad para esa reforma.
Desde el periodismo surgió una protesta colectiva encabezada por directores y periodistas conocidos que derivó a lo que Umbral llamó “sindicato del crimen” para tumbar a Felipe González. Al margen de ese movimiento, las organizaciones profesionales (Asociaciones de la Prensa) entendieron el riesgo y plantearon la autorregulación y el Código Deontológico como barrera defensiva y primer peldaño hacia una deontología militante.
“En 1916, editores y periodistas suecos constituyeron el primer Consejo de Prensa, para ocuparse de las quejas de los lectores. Les siguieron los británicos, con su Press Complaints Commission (PCC), que ha sido una referencia en otros países europeos, aunque el sistema de medios británico no es el más ejemplar ni el más libre e independiente. Y la PCC fracasó a la hora de corregir las irregularidades del Grupo Murdoch”
A favor de esa iniciativa contaba una recomendación del Consejo de Europa para promover Códigos y Consejos deontológicos para los que propuso un modelo de Código del que fue ponente el profesor español Manuel Núñez Encabo, que luego fue miembro de la Comisión española promovida por la FAPE y presidente de la misma tras el fallecimiento de Antonio Fontán, que fue el primero en presidirla. Todos los códigos se parecen, conozco más de un centenar y no sabría elegir el mejor; cabría alguna iniciativa para homogeneizar y reforzar su contenido, pero no es ni urgente ni necesario.
Me parece de justicia señalar en este punto que la legislación española en materia de libertad de expresión y derecho de información, presidida por el artículo 20 de la CE, es de las más avanzadas y completas del mundo, establece derechos y deberes que han tenido un extraordinario amparo tanto en la jurisprudencia del Supremo como del Tribunal Constitucional. Estas son libertades y derechos que no son ilimitados y que están perimetradas por el artículo 18 de la propia CE que fija los llamados derechos personalísimos, la Ley orgánica de derecho al honor de 1982, la ley del derecho de rectificación (1984), la cláusula de conciencia (1997); el código penal… En mi opinión un arsenal legislativo suficiente; otra cuestión es el acento de la jurisprudencia y de la las sentencias judiciales a la hora de ponderar derechos en conflicto.
Y no quiero olvidar que en el caso de las televisiones, siempre a caballo entre la información y el espectáculo, la realidad y la ficción, frente a las que la Administración, (la CNCM en concreto o el CAT en Cataluña u otros equivalentes autonómicos) dispone de facultades para sancionar excesos, aunque suele evitar las cuestiones éticas de carácter informativo. El gobierno socialista de Zapatero, por iniciativa de la vicepresidenta de la Vega, alentó un modelo de autorregulación en las televisiones que fracasó porque las empresas lo aceptaron para boicotearlo de inmediato.
En ese contexto de finales de siglo XX, cuando el Consejo de Europa alentaba los códigos y los comités deontológicos, el Colegio de Periodistas de Cataluña aprobó un primer código y promovió su Consejo de la Información de Cataluña, ajustado al modelo británico con un animador que quiero destacar, mi colega Josep Pernau, ya fallecido, que consiguió el apoyo de los editores, también los nacionales (los de Madrid) e incluso del gobierno de la Generalitat. El Conseil ha funcionado desde entonces vinculado al Colegio de Periodistas y con un buen desempeño en el contexto catalán, en su oasis, hoy más desgarrado que hace unos años.
A renglón seguido de los catalanes, el año 1993 la Asamblea de la FAPE (Asociaciones de la Prensa) celebrada en Sevilla y por iniciativa de su entonces presidente, Antonio Petit, aprobó por unanimidad el Código Deontológico que ha estado vigente desde entonces, con un par de añadidos el año 2017 para incorporar unas líneas sobre los nuevos soportes tecnológicos, los derechos de autor y el plagio.
En Madrid y el resto de España la iniciativa tropezó con el desinterés de los directores creyentes en que la mejor defensa de sus libertades consistía en no regular ni autorregular, y la indiferencia de los editores que consideraron que la Comisión Deontológica no les concernía. Apoyaron la iniciativa catalana pero no la nacional. Así que la iniciativa de 1993 quedó varada en origen.
Diez años después sin esperar la complicidad de los editores (y de los directores) una de las primeras decisiones de la FAPE, que tuve la responsabilidad de presidir, fue crear la Comisión de Quejas en mayo de 2004 conforme al modelo de las comisiones europeas conocidas. Elegimos una larga lista de personas (16) cualificadas a las que propusimos formar pesa Comisión, por supuesto sin retribución ni más compensación que el hecho de formar parte de la misma.
El plan era componer una comision con algunos periodistas reconocidos (los anteriores presidentes de la FAPE), universitarios relacionados con la Ética, juristas cualificados y personas representativas de entidades de la sociedad civil (Cáritas, Manos Unidas…) De entre ellos quiero destacar al primer presidente Antonio Fontán, académico, periodista y político; al Vicepresidente Manuel Núñez Encabo, que redactó el Código Deontológico del periodismo del Consejo de Europa el año 1993; y a juristas relevantes como el magistrado Rafael Mendizábal Allende, que hoy preside la Comisión, y el que fue decano del colegio de abogados de Madrid, Luís Martí Mingarro, que sigue siendo miembro de la misma desde su constitución. Hoy la Comisión está formada por nueve personas, tres juristas, tres periodistas y tres académicos.
La FAPE ratificó su compromiso con la Comisión en la primera reforma de sus Estatutos (2006) que fijó el compromiso de financiar su funcionamiento sin inmiscuirse en sus decisiones.
ARTÍCULO 24.- La Comisión de Quejas y Deontología tiene como objeto conocer y resolver las cuestiones de deontología y ética periodísticas, conforme a su propio reglamento, por su iniciativa o a petición de la Federación o de cualquier ciudadano.
Sus integrantes serán nombrados por la Asamblea General de la FAPE, a propuesta de la Junta Directiva, en la forma y número que reglamentariamente se determine, entre personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico o a otras actividades relevantes de la vida social.
La Comisión de Quejas y Deontología funcionará con plena independencia y autonomía competencial y de funciones, y será dotada económicamente tanto por la propia Federación como a través de la colaboración económica de instituciones y organizaciones que sean invitadas a dicha colaboración por la Federación.
“Se han adherido casi un centenar de medios y asociaciones profesionales, y en estos 15 años de funcionamiento la Comisión ha publicado 180 resoluciones sobre unas 250 quejas recibidas; más de la mitad con reproche a los medios señalados. Todas se han aprobado por unanimidad. Y algún atisbo de voto discrepante –que tampoco desmerece– se evitó con debate y cesiones”
Años más tarde, con objeto de involucrar a editores y a otras entidades sensibles al objetivo de la Comisión de autorregulación, la FAPE promovió una Fundación como entidad de cobertura de la Comisión con la facultad para designar a sus miembros y el compromiso de dotarla de recursos, sin inmiscuirse en su funcionamiento.
Casi un centenar de medios y asociaciones profesionales se han adherido a la Fundación con el compromiso de abonar una cuota anual (entre 50 y 300 euros, según su dimensión) que no suelen abonar, de tal manera que corresponde a la FAPE asumir los costes de mantenimiento: 17.000€ este año 2020 (la mitad para pagar una secretaria a media jornada y la otra mitad para viajes de los vocales que viven fuera de Madrid y el abono de unas modestísimas dietas de asistencia y honorarios por dictamen emitido y aprobado).
La Comisión ha trabajado con regularidad durante estos 15 años, con muy poco apoyo y con una discreción que me parece recomendable para este tipo de iniciativas. Siempre estimé que la Comisión debía construir, paso a paso, un perfil de reputación, de credibilidad y de independencia. Los miembros de la Comisión no regatean horas de trabajo para preparar las resoluciones, debatirlas y, en su caso, mejorarlas. No les oculto que las sesiones son interesantes, intensas e instructivas. Hasta ahora todas las resoluciones (180) se han aprobado por unanimidad, algún atisbo de voto discrepante (que tampoco desmerece) se evitó con debate y cesiones. Se mantiene discreción respecto a los ponentes de cada resolución que me parece conveniente por el carácter de mis colegas cuando se ven afectados por alguna resolución adversa.
Durante estos años se han publicado 180 resoluciones sobre unas 250 quejas recibidas, más de la mitad con reproche a los medios señalados y otras en favor de los periodistas y/o sus medios. El contenido de esas resoluciones se refleja con mucha modestia en los medios que se hacen eco de las mismas; suelen hacerlo cuando va bien a cada uno y mal al competidor. Las Resoluciones e Informes conforman un cuerpo de doctrina sobre buenas prácticas que ha merecido alguna tesis doctoral y supone un trabajo público a disposición de los interesados, incluidas las facultades de periodismo.
La Comisión propuso a la Fundación el año 2013 un reglamento de funcionamiento (que se aprobó íntegramente) para establecer procedimientos reglados de actuación que se vienen aplicando con rigor y que definen un modelo de resoluciones que aunque a algunos les parece demasiado formal, casi judicial, me resulta claro, razonado y efectivo.
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Consideraciones para el futuro:
Como les decía al principio tengo la convicción de que el futuro del periodismo pasa por la militancia en una ética, una deontología profesional exigente y notoria. Sin ella es imposible ganar credibilidad y el respeto de la sociedad y, más en concreto, de ciudadanos dispuestos a pagar por la información, porque lo vale. Los periodistas ganarán su sueldo cuando logren credibilidad, sin ella la profesión carece de sentido.
Las nuevas tecnologías y la eclosión de internet y de los buscadores globales han canibalizado y secuestrado a los medios y al periodismo, que se han dejado someter con una sumisión escandalosa. Es obvio que son tecnologías no elegibles, han venido para quedarse, y nos aportan enormes oportunidades y algunos riesgos. No solo al periodismo.
Los buscadores o agregadores (Google y, sobre todo, Facebook y Twiter) huyen de las exigencias que impone el derecho a la información y de los deberes vinculados. Este es uno de los vectores fundamentales del actual debate sobre la desinformación y las noticias falsas que circulan por las redes al doble o triple de velocidad que las verdaderas. Las tecnológicas no quieren ser responsables de lo que difunden pero si beneficiarse de la difusión. No es sostenible y alguien debe poner orden y jerarquía. Esta situación es inaceptable y además, es peligrosa para la democracia y para las libertades. Por eso, antes o después, llegará una rectificación con iniciativas legales nacionales y multinacionales que establezcan otro orden en competencia.
“Los buscadores o agregadores (Google y, sobre todo, Facebook y Twiter) huyen de las exigencias que impone el derecho a la información y de los deberes vinculados. No quieren ser responsables de lo que difunden pero sí beneficiarse de la difusión. Este es uno de los vectores fundamentales del debate sobre la desinformación y las noticias falsas, que circulan por las redes al doble de velocidad que las verdaderas”
Para el periodismo, que ha perdido para siempre su carácter monopolista de difusión de información, se abre una nueva oportunidad extraordinaria que exige calidad, credibilidad e independencia profesional. Y para que todo eso sea posible la autorregulación es una pieza indispensable. Por eso creo que hay futuro para el periodismo y que ese futuro pasa por el buen desempeño de las comisiones de Deontología. Que también deben ser de arbitraje interno y extrajudicial de la industria y de quejas de los ciudadanos a los que hay que dar explicaciones. Hay que reconocer errores y dar alguna satisfacción a perjudicados.
El modelo existe, hay experiencia, solo hace falta que la profesión lo asuma, sobre todo los editores y que lo pongan en marcha. A la sociedad también le interesa que esto funcione. Desde hace años he defendido, con ningún resultado hasta ahora, que el Código Deontológico se incorpore al contrato laboral (o mercantil) de los periodistas para perfeccionar el compromiso editor-periodista con las consecuencias que ello implica. El punto primero del Código dice:
1.- El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas. Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente Asociación actúen de manera no compatible con estos principios, incurrirán en los supuestos que se contemplen en la correspondiente reglamentación.
Es una redacción antigua, de cuando se pretendía escalafonar la profesión para controlarla. Pero el espíritu de ese punto es claro: que el código sea conocido y signifique un compromiso. No sé si llegaré a verlo pero estoy convencido que los editores y los periodistas del futuro lo entenderán, asimilarán y aplicarán por interés recíproco y compromiso ético.
No quiero concluir sin señalar que cualquier sistema de autoregulación profesional requiere tres condiciones necesarias y no suficientes:
1.- Que los autorregulados quieran autorregularse de buena fe.
2.- Que se doten de un órgano independiente y respetado para gestionarla y gobernarla.
3.- Que las decisiones de esa Comisión sean asumidas y publicadas.
La experiencia de estos años dicen que los autorregulados lo aceptan con la boca pequeña, la teoría general, pero sin asumirlo, interiorizarlo y apoyarlo. Es sugestivo que cuando los más escépticos se ven implicados en alguna queja empiezan por el rechazo a someterse a ese escrutinio, lo cual no es óbice para que hagan alegaciones de defensa para que sean tenidas en cuenta. Les hay que movilizan amistades para influir en la Comisión, incluidas sutiles advertencias. Todo bastante previsible.
Una señal interesante es que alguna corporación privada ha incorporado a sus procedimientos la posibilidad de excluir de sus campañas publicitarias a medios que hayan sido sancionados por incumplimientos deontológicos. Una señal leve, no divulgada pero que tendría un considerable efecto para la credibilidad y la eficacia del Código y de la Comisión.
También les apunto que hasta ahora los sucesivos gobiernos han mostrado un riguroso desinterés por la Comisión y el código ético, lo cual no si es bueno o malo.
Finalmente no me he referido a otros instrumentos de autorregulación conocidos y que me parecen eficaces y muy recomendables. En concreto los “libros de estilo” que deben ser una especie de Constitución interna de cada medio, una serie de normas y criterios sobre sus principios y valores, su concepto editorial. Libros de estilo que deben ser debatidos internamente, recordados y revisados. También es útil la figura del “defensor del lector” que da y pide explicaciones y que debe ser leal a su nombre, defensor del lector, no del medio o de sus redactores.
En resumen, la autorregulación es posible, es recomendable y puede ser rentable. Sabemos cómo hacerlo; solo falta sumar voluntades y perseverar.♦
